El condenado era en ese momento pareja de la tía de la niña, que sufrió los abusos

La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado el ingreso en prisión del que fuera durante diez años presidenteEFE

Granada

Ordenan prisión para el expresidente de los Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de súplica del condenado, por no devolver lo que restaba de los 56.000 euros

La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado el ingreso en prisión del que fuera durante diez años presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, por no haber devuelto lo que restaba de los 56.000 euros de los que se apropió, mediante el uso de las tarjetas de la entidad con las que abonó compras en centros comerciales, sanciones de tráfico y descargas de películas.

La Sección Segunda ha desestimado el recurso de súplica del condenado, a quien se impuso un año de cárcel por un delito de apropiación indebida, después de que reconociera los hechos en un juicio celebrado en enero de 2021. La pena ha estado suspendida por un periodo de tres años. La única condición que tenía que cumplir el acusado era reintegrar por completo el dinero del que se había aprovechado de manera ilícita mediante un plan de pagos.

El tribunal dio al expresidente de 74 años un plazo de diez días, para que ingresara este dinero en el juzgado y así evitar el ingreso en un centro penitenciario, puesto que hasta el momento, había abonado tan solo 16.200 euros del importe total de la responsabilidad civil, que ascendía a 40.224 euros. Antes del juicio, que se resolvió por conformidad, había abonado 15.776 euros.

Entre las condiciones que se acordaron para eludir la entrada en prisión del acusado en 2021, estaba ingresar desde ese mismo mes marzo un importe no inferior a 700 euros «como pago parcial de la responsabilidad civil» hasta cubrir el importe total del que el expresidente se había apropiado de manera ilícita. Sin embargo, si bien entre marzo de 2021 y enero de 2022 se abonaron dichas cuotas, a partir de la mencionada fecha se registraron hasta cinco impagos.

«Durante los tres años de la suspensión han sido varias las posibilidades y alternativas que se han ofrecido al penado, sin que el mismo las haya aprovechado, no llegando a abonar ni siquiera la mitad del importe de la indemnización», ha recalcado la Audiencia.

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