El 'fantasma de la Faffe' persigue al PSOE-A y devuelve la corrupción al presente de Andalucía

El PSOE de Andalucía no logra espantar al fantasma de la corrupción, pese a la ayuda del Tribunal Constitucional para victimizarse en relación con el caso ERE. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado a 21 personas por los enchufes en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida por acrónimo de Faffe. La corrupción ha vuelto así al centro del debate político en Andalucía.

La Faffe fue un ente que crea el Gobierno socialista de Manuel Chaves en 2003 para dar formación a los parados andaluces. Esto, en teoría. En la práctica fue una agencia de colocación de miembros, familiares y amigos del PSOE andaluz que dilapidó el dinero destinado a organizar cursos de formación para los desempleados de la comunidad en prostíbulos, viajes y clubes de lujo hasta que fue disuelta e integrada en el SAE en 2011.

El juez Vilaplana investiga ahora «la posible injustificada […] contratación de, al menos, 84 personas», que habría sido realizada «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar», según el auto de imputación.

Por ello, el magistrado ha solicitado a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), así como a la Tesorería General de la Seguridad Social, que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación de una decena de familiares de cargos del PSOE en la Faffe.

El instructor explica en el auto que de lo ya investigado «se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas –pero conexas– conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones». El importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, según la UCO.

El juez alude igualmente a «la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias…».

En vista de las novedades en el caso, el PP-A solicitará que las nuevas actuaciones judiciales se incorporen a la comisión de investigación de la Faffe en el Parlamento andaluz para avanzar en sus trabajos en paralelo a la investigación judicial. No obstante, los populares descartan la comparecencia de ex altos cargos de la fundación o de la Junta socialista, de momento.

La comisión de investigación de la Faffe, en la que no están presentes ni el Grupo Socialista ni Por Andalucía, se reunió por última vez el pasado mes de noviembre, justo después de que se hiciera público el informe de la UCO sobre las contrataciones de la fundación. En esa reunión se acordó incorporar dicho documento como parte de los trabajos.

«Reminiscencias» de corrupción

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sostenido este miércoles que la corrupción en Andalucía ya es «pasado» en Andalucía, aunque reconociendo que todavía quedan «reminiscencias» en los juzgados, como el caso de la Faffe o las numerosas piezas pendientes de la macrocausa de los ERE.

Sin embargo, los partidos de izquierdas, incluido el PSOE, hablan de corrupción en presente y respecto a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia, que forman parte de una investigación judicial, o –en las últimas horas– un contrato menor de la Junta de Andalucía adjudicado a la sociedad mercantil Camino de Andalucía SL, impulsada por el cantante José Manuel Soto, para la promoción de las rutas de El Rocío.

El PP-A acusa a los partidos de izquierdas de querer «incendiar» así el debate político, a pesar de que «los años de la corrupción pasaron hace mucho tiempo». Su portavoz parlamentario, Toni Martín, pasando al ataque, se ha referido a este tiempo pasado como «la foto de la Andalucía más negra, la que gobernó el PSOE con ese afán de enchufar, colocar y aprovecharse de los recursos públicos y que tantos casos de corrupción ha dado».