Olivos secos en la comarca de Baza, situada al norte de la provincia de Granada
Las «fuertes» restricciones al riego encienden la alerta en el campo andaluz, en estado «crítico»
Los agricultores y regantes granadinos consideran que las restricciones propuestas no solo amenazan la producción agrícola, sino que aceleran la despoblación en la comarca
el agua que tenemos no llega, ni de lejos, a la que necesitamos para mantener nuestra vida como hasta ahora. A pesar de las lluvias de estas últimas semanas, la sequía se ha convertido en un problema endémico en Andalucía. Para contrarrestar este fenómeno, se están adoptando una serie de restricciones en el suministro de agua, que están generando un gran malestar entre los agricultores.
Esta semana, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha decidido poner en marcha un proceso de consulta pública para declarar en riesgo la masa de agua subterránea de la comunidad de regantes de Baza-Freila-Zújar, situada al norte de la provincia de Granada.
La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (AGAPRO) consideran que este proceso conllevaría una serie de medidas restrictivas que «afectan gravemente a los regantes y municipios de la comarca». El presidente de AGAPRO, José Antonio Azor, ha señalado que «la prioridad no puede ser declarar en mal estado el acuífero y restringir su uso, sino ejecutar las infraestructuras necesarias para sustituir estas extracciones subterráneas por agua superficial procedente del embalse del Portillo, para el abastecimiento humano, y del Negratín para el riego».
Medidas para restaurar cauces Granada
Como medidas cautelares, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha propuesto la clausura de todas las posibles captaciones ilegales, limitar el consumo del abastecimiento de los municipios a 250 litros por persona y día, la prohibición total de nuevos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos y la paralización de los expedientes de modificación de características de las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación.
Según han especificado desde Agrapo, «el objetivo de la CHG es conseguir en el año 2027 un caudal total medio en torno a 130 litros por segundo, en el manantial de Siete Fuentes, y de 25 litros por segundo, tanto en la Fuente de San Juan como en la Fuente Grande de Zújar». Para ello, la confederación plantea también elaborar un programa de actuaciones tras la declaración, que obligue a todos los usuarios, tanto regantes como ayuntamientos, a constituirse en una Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, para limitar sus extracciones máximas anuales a lo que determine la planificación hidrológica.
Pedro Castillo, técnico de comunidades de regantes, ha advertido que «estas restricciones reducirán el abastecimiento de agua potable en un 33 % y pondrán en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas». Por tanto, plantean que la CHG «evalúe el estado del acuífero, analice cómo se ha llegado a esta situación y cuál es su solución real, ya que la comarca de Baza no puede permitirse más inacción».
Estas medidas restrictivas supondrían también un nuevo varapalo para los hogares de esta zona, acelerando aún más la despoblación. «En Zújar los daños pueden ser irreparables, ya que la mano de obra en los invernaderos es la mayor de la comarca, así como sus producciones», ha indicado Cándido Montes, presidente de la Comunidad de Regantes Zabroja Zújar Freila.
