Revuelta agraria contra Bruselas por el agua: «Vuelve a pisar el acelerador ambiental»

El informe publicado por la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la Directiva sobre Inundaciones (DI) en los Estados miembros ha levantado ampollas a pie de cultivo.

Las recomendaciones para el campo que llegan desde Bruselas han sido rechazadas frontalmente en las explotaciones al entender que tendrán un impacto negativo en la producción.

El documento de sugerencias de la Comisión apunta a la regulación del uso del agua en la agricultura como un elemento a mejorar. En el caso de España, el organismo europeo pide revisar las concesiones de agua para riego, ajustar las extracciones a la disponibilidad real y aplicar tarifas más altas para el consumo de agua en la agricultura, penalizando su uso intensivo.

«Las medidas propuestas pueden traducirse en un golpe para agricultores y ganaderos, con nuevas restricciones sobre el uso del agua, limitaciones en la aplicación de fertilizantes y una escalada de costes productivos que comprometería nuestra rentabilidad», lamentan en Unión de Uniones de Agricultores.

La organización profesional agraria acusa a la Comisión Europea de «otro ataque a la competitividad del sector agrario europeo, mientras sigue abriéndole las puertas con tratados comerciales como el de Mercosur a productos importados a los que no se les requieren las mismas condiciones ambientales que se exigen en la Unión Europea (UE)».

Los agricultores creen que la Comisión, una vez celebradas las elecciones europeas, «vuelve a pisar el acelerador ambiental» tras desoír al sector primario. «Este planteamiento supondría un golpe directo para las explotaciones de regadío, que representando solo el 23 % de la superficie cultivadas generan el 65 % de la producción final agrícola y son clave en la producción de cultivos de alto valor añadido para el mercado de exportación», critican en Unión de Uniones.

Los agrarios destacan que la modernización del regadío ha permitido mejorar la eficiencia en el uso del agua; sin embargo, entienden que nada de esto cala en Bruselas: «Las nuevas restricciones podrían asfixiar la producción y reducir la competitividad de los agricultores frente a las importaciones de terceros países».

Los obstáculos al uso del agua no es lo único que los agrarios detectan como perjudicial del informe europeo. «Otro de los aspectos más preocupantes es el endurecimiento de la normativa sobre contaminación difusa, con restricciones en fertilizantes y plaguicidas. Las restricciones planteadas, intensificando los límites ya existentes en el uso de distintos fertilizantes y fitosanitarios, pueden afectar gravemente a la productividad de los cultivos», condena Unión de Uniones.

El campo exige alternativas viables, puesto que ordenar la reducción en la fertilización conllevará menores rendimientos, «lo que, sumado a la subida de costes de insumos, pondrá en serios aprietos a muchos agricultores». Las recomendaciones de la Comisión también salpican a los ganaderos, a los que se les formulan modificaciones más severas en la gestión de purines y estiércoles, en su uso como fertilizante y un mayor control sobre la densidad ganadera en zonas vulnerables.

«La Comisión Europea no plantea medidas de apoyo claras para afrontar los costes adicionales y las pérdidas de producción derivadas de las nuevas regulaciones. Estamos otra vez en las mismas… más restricciones, más condicionalidad, cargándolo todo a la misma PAC (Política Agraria Común) con menos presupuesto y pagando la sustainability fest los agricultores y ganaderos», asevera Unión de Uniones, que reclama un análisis de impacto previo antes de poner en marcha cualquier medida, garantizar que los productos importados cumplen las mismas exigencias que los europeos.