Caza de brujas contra el alcalde de Cartaya por vincular la delincuencia con la inmigración ilegal

La Fiscalía de Huelva ha abierto diligencias informativas para investigar si el alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso (PP), ha incurrido en un posible delito de odio después de que hace unas semanas vinculara los índices de delincuencia de la localidad con la inmigración ilegal.

Fue a través de un vídeo difundido en sus redes sociales tras el apuñalamiento del propietario de una imprenta del municipio a manos, según daba a entender en sus palabras, de un inmigrante, y en el que aseguraba estar «desesperado» por ese problema.

En un vídeo posterior, mostraba varios cuchillos de distintas dimensiones y barras de hierro que, aseguraba, se le habían requisado a inmigrantes ilegales y apuntaba que «una persona que lleve esto encima, lo mínimo que deberíamos de hacer era mandarlo a su país».

Diligencias informativas

Ambos vídeos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte de la asociación La Carpa, que trabaja con personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, al considerar que el alcalde podría haber incurrido en un delito de odio.

Desde el Ministerio Fiscal han confirmado a EFE que tras la recepción de la información se ha procedido a abrir diligencias informativas al objeto de investigar los hechos y determinar si hay indicios de delitos para presentar una denuncia o no.

Desde la asociación han pedido que pare la criminalización a las personas migrantes: «El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso Valdés, ha exhibido armas blancas ante los medios para relacionar inmigración con delincuencia, aumentando el miedo, el odio y el rechazo ya existente hacia esta población», han apuntado.

Este tipo de declaraciones, según la citada entidad, «además de irresponsables, constituyen un posible delito de odio», al tiempo que han indicado que «criminalizar a todo un colectivo por su origen y/o situación administrativa es racismo. Y cuando lo hace una autoridad pública, es aún más grave».

Por ello, han exigido responsabilidad institucional; políticas de inclusión y Derechos Humanos, así como la erradicación de los discursos xenófobos de los cargos públicos.

«Los datos oficiales desmontan su discurso. La convivencia no se construye desde el odio, sino desde el respeto y la justicia», han enfatizado