Un proyecto de placas solares del Gobierno pone en jaque el futuro industrial de un pueblo de Almería

Carboneras, municipio de Almería, es escenario de un nuevo conflicto entre la implantación de energías renovables y la defensa de la economía local. Su Ayuntamiento ha expresado su rechazo a un nuevo proyecto de placas solares, bajo la premisa de que «sería un desastre social y económico», al ubicarse en un suelo industrial clave para su desarrollo productivo tras el cierre de la central térmica de Endesa.

Se trata de un proyecto de Acuamed, empresa pública del Ministerio para la Transición Ecológica, para alimentar energéticamente la desaladora. Ocuparía 30 hectáreas de la conocida como Zona-X, área que el Ayuntamiento tiene reservada para iniciativas industriales como plantas de hidrógeno verde, metanol o una nueva desaladora. Perder este espacio supondría «un duro varapalo» justo cuando el municipio trata de reconstruir su tejido productivo tras el cierre y desmantelamiento de su central térmica.

La polémica se enmarca en un contexto marcado por la expansión de macroproyectos de energía fotovoltaica. En la provincia de Jaén, agricultores y vecinos de municipios como Lopera alertan de la amenaza que representan estos proyectos para el olivar, su medio de vida, al ocupar cada vez terreno agrícola mediante expropiaciones forzosas que anteceden a la tala masiva de miles de ejemplares de olivo.

En Carboneras, además del problema del suelo industrial, el Ayuntamiento alerta sobre la colisión entre el trazado de la planta solar y la construcción de una nueva variante de acceso al puerto. Esta carretera, aprobada por la Autoridad Portuaria y recogida en el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (Potla), es considerada «de vital importancia» para desviar el tráfico pesado del casco urbano y conectar de manera eficiente la zona industrial con el Puerto de Interés General.

Posible fraude de ley

Por otro lado, el Consistorio acusa a Acuamed de presentar el proyecto como parte de la desaladora para acogerse a una tramitación más favorable, amparada por la Ley de Aguas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una infraestructura independiente, cuya tramitación debe acogerse a la normativa sobre energía. En este caso, la administración competente no sería el Ministerio, sino la Junta de Andalucía, al tratarse de una instalación de menos de 50 megavatios.

En términos legales, el ayuntamiento alerta de un posible fraude de ley si se permite la tramitación del proyecto como una obra hidráulica, lo que implicaría, además, la expropiación de terrenos por vía de urgencia sin el respaldo adecuado. A esto se suman defectos en el estudio de impacto ambiental, que, según el Ayuntamiento, no ha sido debidamente publicitado ni explicado a los vecinos.

Con todo, el ayuntamiento no se opone a la generación de energía renovable. En sus alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica propone como alternativa una parcela municipal de 106 hectáreas, de las que 85 serían aptas para instalar el parque solar. Esta zona, situada a 2,5 kilómetros de la desaladora, evitaría expropiaciones, reduciría costes y permitiría preservar el suelo industrial estratégico para el futuro del municipio.