Los ecologistas se ponen del lado de los olivareros ante la expansión de las plantas fotovoltaicas

Ecologistas en Acción ha expresado su respaldo a los olivareros afectados por expropiaciones destinadas a la instalación «descontrolada» de plantas fotovoltaicas en Andalucía. A través de un comunicado, la organización ha señalado que las energías renovables «no deben ser el problema, sino la solución a la crisis energética actual», y ha criticado duramente el uso de la figura de Utilidad Pública para facilitar estos proyectos en detrimento del campo y la biodiversidad.

Según denuncian, «contribuir mediante la declaración de Utilidad Pública a la implantación descontrolada de fotovoltaicas es del todo reprobable», ya que dicha figura «debería ser un importante apoyo de la planificación, otorgándose sólo cuando las instalaciones no tienen impacto sobre la agricultura y la biodiversidad, obligando a los promotores a optar únicamente por instalaciones en espacios artificializados».

Por ello, hacen un llamamiento a la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica para que «revisen y limiten» los criterios que definen la utilidad pública de estos proyectos, y advierten de que la falta de una regulación clara puede generar rechazo social, sobre todo «en los casos en los que ese interés público no está justificado porque un modelo 100 % renovable debe ser justo ambiental, social y territorialmente».

En el caso de la implantación de megaparques fotovoltaicos, como son los que afectan al olivar jiennense, el justificante de anteponer el bien común, según Ecologistas, es «de dudosa justificación», ya que «supone favorecer al oligopolio energético, que plantea la ubicación de las plantas en los espacios que mejor les viene a su cuenta de resultados».

Las ubicaciones por las que se optan son normalmente espacios cercanos a la red eléctrica de evacuación, en suelos agrícolas baratos de secano y «que ni siquiera tienen que negociar con sus propietarios al conseguir en los despachos, por su actuación de lobby, esa declaración de utilidad pública que tan útil les resulta».

Defienden que los grandes parques solares, avalados casi automáticamente por esas declaraciones de utilidad pública que facilitan la expropiación de olivares y otros suelos agrarios, están impulsados por «los mismos cuatro grupos que controlan el mercado eléctrico».

El resultado an Andalucía es, según Ecologistas en Acción, «paradójico», puesto que la comunidad andaluza «puede batir récords de producción renovable y, a la vez, sufrir apagones tanto en los campos que pierden olivar y biodiversidad como en los barrios urbanos empobrecidos».

«El problema no es la fotovoltaica en sí, sino un modelo que prioriza maximizar el flujo de kilovatios-hora y, por tanto, la acumulación de capital, en manos de unos pocos, antes que garantizar un suministro justo y seguro para toda la población», sostiene la organización.

Desde Ecologistas en Acción argumentan que hay muchos espacios de implantación prioritario que están sin una placa, «cientos de kilómetros cuadrados de tejados útiles, infraestructuras de transporte y masas de agua artificiales, donde la implantación de placas no tendrían más impacto que el incremento del coste de instalación, que deben asumir las empresas promotoras y que lo harán si no se les deja otra opción más barata».