Una madre y su hijastra son detenidas en Granada por explotar sexualmente a una menor a través de Internet

la Policía Nacional ha detenido en Granada a dos mujeres de 34 y 20 años por la presunta comisión de delitos de prostitución y corrupción de menores, al considerar que tenían trabajando de forma activa y publicitándose en páginas de contactos a una joven que aún no había cumplido la mayoría de edad. La víctima, de 17 años, era hija y hermanastra de las detenidas.

La investigación se inició a finales de agosto, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Granada, en el marco de la operación 'Tocorón'. Los agentes detectaron una serie de anuncios en una web de contactos con fotografías de una chica, cuya apariencia física evidenciaba que era muy joven, incluso que podía ser menor de edad.

Las pesquisas localizaron varios pisos turísticos donde se comprobó que existía un entramado liderado por una mujer de 34 años, de nacionalidad venezolana, que tenía varias hijas e hijastras, que se dedicaban a «ofrecer servicios sexuales a cambio de una remuneración económica». La hija adoptiva de esta, de 20 años, tenía publicados anuncios en dicha web sobre dichos servicios en solitario. Mientras que en otros anuncios salía en las fotografías junto con una joven que presentaba siempre su rostro pixelado.

Los agentes centraron su investigación en esa segunda chica, averiguando que tenía 17 años y estaba al parecer «siendo obligada a realizar servicios sexuales». Los beneficios obtenidos por el trabajo de ambas jóvenes iban destinados a la madre, la cual supuestamente ejercía el papel de meretriz de ellas dos y de una tercera joven de nacionalidad colombiana y 29 años.

A disposición de la autoridad judicial

La responsable de la organización realizaba además en redes sociales una visible ostentación sobre los beneficios económicos obtenidos en la actividad de sus tres «trabajadoras sexuales», han detallado desde la Policía Nacional.

Ambas detenidas han sido puestas ya a disposición de la autoridad judicial, que también ha oído a la víctima en declaración para su protección.