El cambio de la «y» por la «o» que coló la hermana de Óscar Puente en la ley de nietos que la hace ilegal

Las intenciones de la conocida como ley de nietos pueden no ser buenas, pero difícilmente serán eficaces para lograr su propósito de convertir en avalancha el reducido voto extranjero y, además, que este sea mayoritariamente a favor del PSOE. Aun así, la duda es inevitable, pero lo que es una certeza es que la modificación textual de la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa, que ha hecho la hermana del ministro Óscar Puente, es ilegal, aunque sea por el canje de una conjunción.

Sofía Puente, directora general del Ministerio de Justicia responsable de las resoluciones interpretativas de la Memoria Democrática, sustituyó una «y» por una «o» del texto original, cambiando totalmente el sentido y el espíritu de la ley. Es decir, en lugar de reglamentarla, la corrigió y, para que no quedasen dudas de que así fue, lo dejó claro en la instrucción administrativa donde el cambio lo refleja en letras mayúsculas.

El efecto de ese cambio de la ley es que cualquier nieto de español, fuera o no exiliado, podrá obtener la ciudadanía y, en consecuencia, lo mismo sus descendientes. De este modo, según diferentes estimaciones, el censo español podría sumar más de dos millones y medio de votantes en tiempo récord. En palabras de uno de los dos diplomáticos consultados sobre esta farragosa norma, la instrucción con ese cambio de conjunciones «corrige la ley y la excluye del ámbito del exilio. Eso –afirman tajantes– es ilegal».

Los dos diplomáticos que han estado destinados en consulados generales de España coinciden en que la situación resulta insólita. «El reglamento, la instrucción es ilegal de cabo a rabo», lamentan. «La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Histórica recoge los supuestos y especifica que están incluidos exclusivamente aquellos que perdieron la nacionalidad por razones de exilio».

De vocal a vocal y el proceso abreviado

En febrero de 2023, sacaron la instrucción y ahí es donde «cambiaron la Y por la O, de tal modo que cualquier descendiente está incluido. Eso –reiteran– es claramente ilegal».

Convertida la ley en un colador gracias a la no poco inocente mano de la hermana del ministro Puente, cualquier español que esté por el mundo podrá acceder a la ciudadanía española. Lo que resulta paradójico es que los descendientes de españoles tenían, y tienen, «un proceso abreviado para conseguir la ciudadanía, tal y como recoge el Código Civil: basta con que se vengan a vivir al menos un año a España».

Elegir voluntariamente el distrito

La ley dispone que los nuevos nacionales deberán, voluntariamente, rellenar todas las casillas de inscripción incluida la provincia y el municipio. Muchos de ellos desconocen totalmente la geografía e historia española y suelen pedir consejo al funcionario español de turno. Ese es el mecanismo real de adjudicación a un determinado padrón regional.

Los emigrantes y expatriados registrados en el Consulado recibían en sus domicilios las papeletas de todos los partidos hasta 2012 con el Gobierno del hoy imputado José Luis Rodríguez Zapatero. El acuerdo del PSOE y del PP sirvió para cambiar el procedimiento e imponer lo que se denomina «el voto rogado». Es decir, el ciudadano lo tenía que solicitar telemáticamente –una odisea– para poder recibir las papeletas.

El efecto de aquel acuerdo de los dos grandes partidos se vio de inmediato, la participación en el exterior pasó de estar en torno al 30 % a desplomarse. Hoy no llega ni al 10 %, recuerdan. En cualquier caso, el entusiasmo por votar en Argentina, Venezuela, México o Cuba nunca ha sido notable, lo que de verdad les mueve a hacer colas inmensas en los Consulados es conseguir el pasaporte que les abre las puertas de Europa. Y lo mismo va a suceder ahora con los países de África y de cualquier otra parte del mundo.

Dos formas de votar

De nuevo en 2021 se volvió a modificar el sistema y se establecieron dos formas diferentes de votar. «Una físicamente en el Consulado y otra con el voto por correo que llega al Consulado», explican los diplomáticos. «El ciudadano recibe la documentación en su domicilio y envía el voto certificado al Consulado. Dependiendo del país, hay más o menos controles de correo de identificación del votante y se dan casos de recibir un paquete [enviado por una sola persona] con una decena de votos» de diferentes votantes.

Lo habitual es que, observan, «el funcionario del Consulado deje por escrito la incidencia a la Junta Electoral que decide si los acepta o los rechaza». Es quizás aquí donde se podría abrir otra brecha por la que derramar esos votos emitidos de forma irregular. En cualquier caso, el tiempo dirá si se produce la temida avalancha de votantes del exterior o todo, o casi todo, sigue igual.