Las gasolineras de Almería, en el punto de mira por su «responsabilidad» en el negocio del petaqueo

José María Martín, subdelegado de Gobierno en Almería, ha realizado un llamamiento «a la responsabilidad de los empresarios» que dirigen gasolineras y estaciones de servicio, «atendidas o no», para que vigilen la actividad de los petaqueros que se sirven de su suministro para narcolanchas y pateras.

El portavoz gubernamental ha apelado a estos establecimientos para que la vía de apoyo logístico que supone el acceso a los carburantes para estas operaciones delictivas «sea cortada de la manera más eficiente». También ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía, con competencias en materia de Industria.

«Todos somos conscientes de que el combustible se extrae de algún lugar», ha recalcado a la hora de incidir en el papel que, a su juicio, debe darse también por parte de las gasolineras y de la Administración autonómica a la hora de frenar la actividad de quienes sirven de combustible a las mafias que trafican con drogas y personas.

Martín ha incidido así en que la lucha contra el narcotráfico «no tiene una sola manera de actuar» más allá de las competencias que asume la Guardia Civil para erradicar la presencia y actividad de este tipo de embarcaciones, que durante los últimos meses se han servido de las calas del litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para refugiarse durante los temporales.

«No es que no se haga nada, se intenta de la manera en la que se pueda hacer sin poner en riesgo la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha defendido.

Así, ha asegurado que desde el Gobierno «se trabaja en refuerzo del Servicio Marítimo» de la Guardia Civil para que «en los próximos meses» puedan contar con «nuevos dispositivos» que mejoren su capacidad. «Vamos a seguir intensificando la actuación para que se reduzca al mínimo y desaparezca esta forma de acción criminal», ha afirmado.

Repunte de inmigrantes

El subdelegado ha indicado además que 2025 finalizará con un «repunte» de inmigrantes llegados en patera hasta las costas de Almería, con una cifra que superará las 5.000 personas, según sus cuentas, pero que será «inferior a 2023 o 2021».

Martín ha insistido en que la inmigración clandestina es un «fenómeno cambiante» que se «ha ido manifestando de diferentes formas» en los últimos años, si bien Almería sigue siendo la provincia andaluza con mayor llegada de inmigración irregular, en especial por la zona del Levante almeriense.

De otro lado, el subdelegado ha apelado a la «responsabilidad interterritorial» que se da a la hora de articular centros de atención gestionados por entidades como Accem, Cruz Roja o Cepaim, entre otros, que se sirven principalmente de hoteles en concesión para acoger a personas migrantes que llegan al territorio nacional y que solicitan asilo.

El representante del Gobierno ha valorado el sistema establecido para garantizar la atención humanitaria por parte del Gobierno con base en los convenios internacionales existentes, aunque no ha podido precisar cuántos centros de este tipo se han abierto en Almería, a cuántas personas se han atendido y cuántas de ellas han podido tramitar su solicitud de asilo o residencia.