La violencia del narco se recrudece ante la inacción de Marlaska: «La tragedia de Barbate no sirvió para nada»

La violencia asociada al narcotráfico en Andalucía atraviesa una fase de recrudecimiento sostenido mientras los agentes encargados de combatirla denuncian una alarmante inacción por parte del Ministerio del Interior. Entre los guardias civiles existe la convicción –cada vez más extendida– de que la tragedia de Barbate, donde dos compañeros fueron arrollados por una narcolancha, casi dos años después, no ha supuesto un cambio real en la lucha contra los clanes de la droga.

El narco ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, diversificar rutas y perfeccionar sus métodos de introducción de droga, incrementando paralelamente su capacidad de intimidación y violencia frente a unas fuerzas de seguridad con recursos limitados. Este diagnóstico se puso de manifiesto en las jornadas 'Narcotráfico: Aumento de la delincuencia y las agresiones a guardias civiles en Andalucía', organizadas este lunes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla.

Uno de los principales factores que explican este desequilibrio es la falta de personal. En Andalucía faltan miles de guardias civiles, una carencia que resulta «inversamente proporcional» al crecimiento del narcotráfico, según los propios agentes. A nivel nacional, el déficit oscila entre los 17.000 y los 25.000 efectivos, lo que se traduce en sobrecarga laboral, mayor exposición al peligro y una sensación de «abandono institucional» por parte del departamento de Fernando Grande-Marlaska, señalado por los profesionales.

La escasez de plantilla tiene efectos directos en provincias especialmente afectadas, como Huelva o, por supuesto, Cádiz. La realidad es que los avisos por alijos de droga se multiplican mientras los recursos humanos disminuyen. Esta presión constante dificulta la respuesta operativa y favorece que las organizaciones criminales actúen con mayor margen, conscientes de que la capacidad de vigilancia y reacción está muy por debajo de lo necesario.

A ello se suma la falta de herramientas legales. Desde la AUGC se reclama la declaración de zonas de especial singularidad en puntos críticos como Cádiz. Esta figura permitiría una mayor protección penal y la aplicación de los tramos más altos del Código Penal a delitos vinculados al narcotráfico, incluido el petaqueo, como se conoce en el argot policial a las operaciones de suministro de combustible a narcolanchas. Los agentes consideran este endurecimiento un elemento «básico» para frenar a las mafias.

Las carencias materiales y operativas agravan aún más el problema. «No podemos hacer nada sin medios ni protocolos», advierten desde la asociación. Además, la ausencia del reconocimiento como profesión de riesgo, reivindicación histórica de los agentes, incrementa la inseguridad y la frustración en el servicio diario.

La precariedad se extiende también al ámbito marítimo. La flota de la Guardia Civil en Andalucía es calificada de obsoleta, con embarcaciones frecuentemente fuera de servicio por averías o revisiones. A esto se añade la falta de formación específica para enfrentarse a narcolanchas de alta velocidad, que son «especialmente peligrosas».

Huelva y Cádiz, grandes focos del narco

Huelva se ha consolidado como uno de los grandes focos del narcotráfico en Andalucía. En lo que llevamos de 2025, a punto de finalizar, se han incautado allí alrededor de 42 toneladas de hachís y 3.200 kilos de cocaína en grandes operativos, además de numerosas armas de guerra. En paralelo se ha detectado un aumento de la violencia entre bandas, especialmente ligada a los vuelcos o robos de droga entre grupos criminales.

En Cádiz, el sentimiento predominante entre los guardias civiles es de «profunda y absoluta soledad». Las situaciones de estrés van a más, y las decisiones deben tomarse en décimas de segundo, a menudo con medios insuficientes. La inferioridad numérica y técnica frente a organizaciones cada vez más agresivas refuerza la percepción de desprotección de los agentes en una de las provincias históricamente más castigadas por el narcotráfico.

El desequilibrio tecnológico agrava el escenario. Mientras las organizaciones criminales emplean comunicaciones encriptadas, sistemas de geolocalización y medios cada vez más potentes, los agentes trabajan con herramientas y procedimientos desactualizados. Esta brecha alimenta también el miedo de que episodios como el de Barbate, del que dentro de poco –el 9 de febrero– se cumplirán dos años, puedan volver a repetirse.

De hecho, la sensación general es que «la tragedia de Barbate no ha servido para nada», dado que la respuesta del Ministerio del Interior, basada en la prórroga del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar hasta 2027, no contempla un refuerzo real de medios humanos, materiales ni protocolos de actuación. Sin estos cambios estructurales, advierten los guardias civiles, la violencia del narcotráfico seguirá escalando y haciéndose cada más incontrolable.