La Guardia Civil recoge muestras en el accidente de Adamuz
Investigación del accidente ferroviario
La polémica retirada de Adif de las posibles pruebas empieza a recordar a PP y Vox lo que sucedió con el 11-M
Los de Abascal, que se habían personado como acusación popular, solicitaron el día 22 «medidas cautelares» al juzgado para preservar las pruebas. La retirada de material por parte del administrador ferroviario se llevaría a cabo esa misma madrugada
La retirada de materiales por parte de Adif en Adamuz ha causado estupor en las filas del PP y Vox. No solo porque se llevara a cabo sin autorización judicial, sino por hacerlo de madrugada, «con nocturnidad y alevosía», que han dicho las víctimas. Las explicaciones del administrador ferroviario y del ministro de Transportes tampoco les convencen.
Tras la catástrofe, los de Santiago Abascal, temiendo algún episodio similar al sucedido, solicitaron ya el día 22 de enero a la jueza medidas cautelares para preservar las pruebas, tal y como declaró su secretario general, Ignacio Garriga, el día que anunciaba que su partido se personaría como acusación popular en el procedimiento judicial. Lo hacían «para que no pase como el 11-M», dijo, al tiempo que su formación exigía informes técnicos independientes y la depuración de responsabilidades.
Según el oficio de la Guardia Civil, ese mismo día 22, el responsable de mantenimiento de Adif en la base de Hornachuelos, a donde se trasladó el material, había recibido una orden verbal para llevarlo a cabo por parte del Jefe de Área de Adif, llevándose a cabo «entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero».
«Nos parece una negligencia. Hemos solicitado una pieza separada al margen de la investigación y que se esclarezcan los hechos. Estas irregularidades tienen nombre y apellidos: Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España», aseguraba en rueda de prensa este miércoles el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso.
El ministro Puente ha vuelto a hablar para decir que esta es «una polémica totalmente artificial» para «infundir en la gente la creencia de que hay que ocultar no sé qué».
¿Separación de poderes?
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha calificado de «sorprendente imprudencia de los directivos de Adif» su proceder aquella noche. El dirigente popular, la formación que más batalló entre la oposición para que se conociera toda la verdad de la investigación en el 11 de marzo de 2004, ha dicho que todos deberíamos ser «más respetuosos con las investigaciones judiciales y con la separación de poderes», en referencia a Adamuz.
Pedimos que no se intenten destruir pruebas como pasó con el 11-MSecretario General de Vox
«Parecemos un país de pandereta en algunas cosas», ha criticado. «Yo no digo que se hayan manipulado pruebas, pero sí denota cierta imprudencia en los directivos que ordenaron retirar ese material».
Sin volcado de las cajas negras
La desconfianza en torno a la investigación aumenta si se tiene en cuenta que, 38 días después de la catástrofe, el más grave en la alta velocidad española, todavía no ha tenido lugar el volcado de las cajas negras de los dos trenes que colisionaron: el Iryo que descarriló y el Alvia que hacía el recorrido inverso.
Si bien los informes técnicos han podido acotar el origen de ese primer descarrilamiento, nadie se ha atrevido aún a hablar de la causa que provocó la ruptura de ese raíl.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha avanzado este miércoles que las cajas negras de los trenes siniestrados se abrirán en los próximos días en el Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga las causas del siniestro.
En declaraciones al Diario de Córdoba, ha confirmado que el volcado de información de los registradores de los trenes se materializará, finalmente, en la provincia cordobesa y no en Madrid.
Refuerzo del juzgado de Montoro
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces informan de que el refuerzo, solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, consiste en la adscripción de una jueza sustituta, que se encargará de apoyar la tramitación ordinaria de los asuntos que correspondan al órgano judicial y de colaborar con la titular de la plaza en la investigación del siniestro.
La medida durará inicialmente hasta el próximo 30 de junio, pero podrá ser renovada a petición del Tribunal Superior de Justicia andaluz en caso de que se considere necesario. La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, se incorporó ya a su plaza hace unas semanas.
Por el momento, se han recibido catorce denuncias de víctimas, y siete acusaciones populares han solicitado su personación.