Andalucía frena la expansión de las viviendas turísticas en plena crisis inmobiliaria

La turistificación es el proceso de transformación de un determinado lugar para adaptarse a las necesidades de los turistas, a menudo en detrimento de sus residentes. Una de sus principales manifestaciones son las viviendas de uso turístico (VUT). Tras años de expansión incontrolada, y en plena crisis inmobiliaria, Andalucía ha conseguido frenar la proliferación de este modelo de alojamiento, que todavía sigue en aumento.

En 2025, el crecimiento se situó en el 3,12 %, muy por debajo del 16,89 % contabilizado en el año anterior, lo que supone una desaceleración de casi 14 puntos porcentuales, según un informe de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Turismo para reforzar el control y la ordenación de las viviendas de uso turístico. La Junta de Andalucía saca pecho por estos datos en un momento de demonización de estos alojamientos.

La reducción del ritmo de crecimiento se atribuye a una combinación de medidas administrativas, tecnológicas y de cooperación institucional. La Junta considera que este conjunto de actuaciones ha permitido garantizar un mayor cumplimiento de la normativa turística y urbanística, al tiempo que ofrece a los municipios herramientas para ordenar una actividad que en numerosas localidades genera ya problemas en el acceso a la vivienda y en la convivencia vecinal.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la colaboración con los ayuntamientos. Actualmente permanecen en vigor diez convenios con municipios y capitales de provincia con una elevada presencia de viviendas turísticas. Estos acuerdos facilitan la detección de posibles incumplimientos y permiten coordinar actuaciones entre las administraciones. El Gobierno andaluz mantiene además los trámites para extender este modelo de cooperación a más ayuntamientos.

A ello se suma la decisión adoptada por varios municipios de suspender temporalmente licencias y declaraciones responsables para nuevas viviendas turísticas. La medida, prevista en la normativa autonómica de vivienda, ofrece a los ayuntamientos margen para adaptar sus planes urbanísticos y establecer límites al crecimiento de esta actividad mientras redefinen los usos residenciales y turísticos de determinadas zonas.

La Junta también ha implantado un sistema de avisos para informar a los ciudadanos sobre las restricciones o suspensiones vigentes en cada municipio antes de iniciar la inscripción de nuevas viviendas en el Registro de Turismo de Andalucía. Paralelamente, se han puesto en marcha procedimientos automatizados para cancelar registros que incumplen las limitaciones urbanísticas y bloquear nuevas altas cuando la normativa municipal no permite desarrollar esta actividad.

El impacto de estas actuaciones ya se refleja en las cifras. Desde el 1 de enero de 2024 se han cancelado más de 15.300 viviendas de uso turístico en Andalucía, cerca del 10 % del total existente. La medida ha supuesto la desaparición de unas 80.000 plazas de alojamiento, una reducción con la que la Administración autonómica pretende favorecer una mayor ordenación del mercado y combatir situaciones irregulares.

El control sobre la oferta también se ha intensificado mediante el denominado Proyecto Titán, desarrollado junto con la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma. Esta iniciativa incorpora herramientas de vigilancia digital, inspección y detección de actividades clandestinas para reforzar la legalidad y mejorar las condiciones de calidad y seguridad en el sector turístico.

Lucha contra las viviendas clandestinas

La lucha contra los alojamientos ilegales figura igualmente entre las prioridades del Plan de Inspección Programada en Materia Turística de 2026. Gracias al uso de soluciones tecnológicas y a la colaboración con las principales plataformas digitales, la Junta ha denunciado la existencia de más de 16.000 viviendas presuntamente clandestinas. Además, desde agosto de 2025 funciona un servicio telefónico de atención ciudadana que ya ha gestionado más de 11.700 consultas.

Este balance se produce en un momento de tensión institucional entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El conflicto se abrió tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto estatal que creó el registro único y estableció un doble filtro para anunciar viviendas en las plataformas de alquiler vacacional. La resolución permitió que numerosos inmuebles volvieran a promocionarse en portales como Airbnb o Booking.

Tras el fallo judicial, el Ministerio de Vivienda ha reclamado a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias y refuercen las tareas de inspección y control. En ese escenario, la Junta reivindica la eficacia de las medidas adoptadas en los últimos años y presenta los datos como una prueba de que la regulación puede convertirse en un instrumento para frenar la turistificación y, en concreto, la expansión de las viviendas de uso turístico.