El Gobierno deja «solos» a los ecologistas frente a los rellenos de Gibraltar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado solos a los ecologistas en su batalla legal contra los rellenos que Gibraltar ejecuta sobre aguas españolas protegidas. Verdemar, el colectivo que impulsó la denuncia por los vertidos en la costa oriental del Peñón, se enfrenta ahora a una fianza judicial que pone en riesgo su continuidad en el proceso.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción investiga posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por los vertidos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, tras una denuncia de la Fiscalía del Área de Algeciras, alertada por Verdemar, que había detectado el transporte de piedra de escollera desde la cantera malagueña de Casares hasta Gibraltar para un proyecto urbanístico del Gobierno colonial.

El proyecto en cuestión, llamado Eastside y adjudicado al consorcio vietnamita TNG Global Foundation, incluye la construcción de 1.300 viviendas de lujo y otras 100 asequibles; 500 plazas de aparcamiento subterráneo, destinadas tanto a residentes como a visitantes; un hotel de seis plantas con 200 habitaciones; un puerto deportivo con capacidad para superyates; una zona comercial e incluso un jardín botánico. Todos estas actuaciones se llevarán a cabo sobre aguas españolas mediante rellenos de escollera.

Según el Gobierno de España, las actuaciones realizadas para levantar esta urbanización de lujo sobre aguas españolas no están siendo oficialmente notificadas por las autoridades llanitas ni mucho menos tienen autorización ambiental, lo que constituye una violación tanto de la legislación española como de las normas europeas e internacionales. Sin embargo, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, lejos de aceptar responsabilidad alguna, ha defendido que su Gobierno está actuando dentro de la legalidad.

La denuncia, respaldada por informes del Seprona y del Ministerio para la Transición Ecológica, acusa a Gibraltar de realizar vertidos sin autorización en una franja marina incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico. La zona afectada forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un espacio protegido cuya alteración pone en riesgo especies vulnerables y actividades como la pesca y el turismo.

Sin embargo, la continuidad de Verdemar en el proceso judicial se encuentra ahora en entredicho. El juzgado le ha exigido una fianza de 10.000 euros para seguir personada en la causa. «El juez cumple con su deber, pero para nosotros, que no recibimos subvenciones y sólo contamos con nuestros socios, esta fianza es inasumible», advierten desde el colectivo, que ha lanzado una campaña de donaciones para recaudar dicho importe.

Plantón justificado

Como consecuencia de esta situación, el pasado viernes 13 de junio, Antonio Muñoz Secilla, presidente de Verdemar, comunicó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su decisión de no acudir a la reunión convocada en Madrid sobre el acuerdo de Gibraltar. En una carta le explicó que dedicaría los fondos del desplazamiento a una «causa urgente»: la fianza judicial.

Muñoz Secilla ya trasladó su preocupación por los vertidos en encuentros anteriores con Albares, que le aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica estaba siguiendo el tema. Hoy, sin embargo, lamenta sentirse «solo ante este atropello» y ha solicitado un encuentro personal con el ministro «cuando venga al Campo de Gibraltar».

Pese a las dificultades, Verdemar insiste en su voluntad de seguir adelante. Los ecologistas reivindican su papel como parte activa en la protección del medio natural del Estrecho y advierten que no abandonarán su labor. «Queremos seguir defendiendo la legalidad y el medio ambiente, pero no podemos hacerlo solos», concluyen.