El oscurantismo del Gobierno envuelve el proceso de derribo de la verja de Gibraltar

La verja de Gibraltar será pronto historia. No puede decirse que tiene los días contados, porque aún no hay fecha definitiva y estará en pie durante algunos meses más; pero la intención de España y el Reino Unido es proceder a su derribo en enero de 2026, una vez que el acuerdo para sacar al Peñón del limbo jurídico en que se encuentra a causa del Brexit quede ratificado por todos los actores involucrados antes de diciembre.

El objetivo está claro. No obstante, el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, alcanzado por las partes el pasado 11 de junio, deberá pasar el filtro de los 720 eurodiputados que representan a los 27 Estados miembro de la UE, así como del Parlamento británico y el de la propia colonia, después de que todo quede plasmado por escrito; unos trabajos que se espera que finalicen en octubre.

El diario El País adelantó hace unos días que la Verja podría desaparecer a comienzos del año que viene, si se cumple la hoja de ruta prevista por los negociadores del tratado de Gibraltar. Sin embargo, la noticia viene acompañada de un clima de incertidumbre total, debido al oscurantismo que rodea el asunto; una situación que se vivió durante todo el periodo de negociación del acuerdo, que se prolongó durante casi cuatro años.

Desde el PSOE se hicieron eco del anuncio, interpretado como un avance positivo en las relaciones con las autoridades llanitas. El socialista Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados– señaló que el texto del acuerdo de Gibraltar «está ultimándose en estos momentos» y reclamó al PP su apoyo en la Eurocámara.

«Hasta la fecha solo hemos escuchado lamentos que buscan la nostalgia de la problemática de la soberanía o de la bandera, que en ningún caso se ha abordado en estas negociaciones», afirmaba Ruiz Boix en alusión a los populares, que lamentan, por su parte, la falta de información oficial al respecto.

Quejas del PP

De hecho, el popular José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado, expresó su preocupación por la falta de transparencia en todo el proceso: «Nadie se ocupa de darnos información veraz de qué es lo que se está tratando». Para Landaluce, el debate trasciende la frontera física, ya que «esto va más allá de lo que es la Verja, de que se quite o no».

El regidor algecireño denunció además que «el Campo de Gibraltar no se ha beneficiado absolutamente en nada de lo hablado en las negociaciones entre la Unión Europea y España, en una banda, y el Reino Unido y los gibraltareños», reflejando el descontento de quienes temen que el derribo de la Verja se produzca sin garantías de desarrollo local ni acompañamiento económico.

Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostraba «favorable» al derribo de la Verja, pero reclamaba «información detallada», así como una nueva reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, donde también estén presentes los alcaldes del Campo de Gibraltar, para conocer «de primera mano» el plan de desmantelamiento del puesto fronterizo. También reivindicó la soberanía española sobre el Peñón: «Es parte de nuestro territorio».

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100x100), coincidió en la necesidad de más información oficial. Ve el derribo de la Verja como una «muy buena noticia», pero insistió en que su ciudad necesita conocer los detalles del proceso, dado que el puesto fronterizo se ubica en su término municipal. «Hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias», subrayó.

El Ayuntamiento linense trabaja en dos iniciativas relacionadas con el acuerdo de Gibraltar: el Memorándum estratégico de La Línea de la Concepción para una integración transfronteriza y sostenible, que incluye propuestas para afrontar los cambios derivados del fin de la Verja, y la preparación de una consulta ciudadana al respecto. Ambas medidas buscan garantizar que la población local participe y se adapte a la nueva realidad que se avecina con el derribo del puesto fronterizo.