Vista del peñón de Gibraltar desde La Línea de la Concepción
Cádiz
La Línea diseña un plan para minimizar los efectos colaterales del derribo de la verja de Gibraltar
El Ayuntamiento publica un memorándum con medidas estructurales ante el acuerdo sobre el Peñón
En unos meses, aún no se sabe cuántos, una línea imaginaria separará La Línea de la Concepción y Gibraltar como consecuencia del derribo de la Verja, la medida estrella del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para sacar al Peñón del limbo jurídico en el que se encuentra a causa del Brexit. No se sabe el impacto que tendrá sobre La Línea, pero su Ayuntamiento ya trabaja para evitar perjuicios derivados de dicho acuerdo.
El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ya ha publicado en su página web el 'Memorándum estratégico para una integración transfronteriza y sostenible'. El documento, presentado la semana pasada por el alcalde Juan Franco, recoge una serie de propuestas diseñadas para afrontar los retos que traerán consigo el derribo de la Verja y el resto de las medidas recogidas en el acuerdo de Gibraltar.
El memorándum parte de la premisa de que el fin de la frontera física supondrá «un nuevo modelo de ciudad» que modificará la geografía urbana, con una población conjunta de unos 120.000 habitantes, pertenecientes a dos territorios con legislaciones distintas. Ante este escenario, el Ayuntamiento defiende la necesidad de que La Línea se anticipe y se prepare para convertir los retos en oportunidades de desarrollo.
El documento contempla una serie de medidas estructurales, urbanísticas, fiscales y sociales que incluyen la creación de una zona económica especial, una terminal logística, un plan de vivienda y mecanismos de financiación específicos, para hacer frente a esta nueva etapa de «prosperidad compartida» con Gibraltar.
En concreto, en materia fiscal, el memorándum propone solicitar la exclusión de Gibraltar de la clasificación de jurisdicción no cooperativa en la legislación española. Esta medida permitiría eliminar la doble imposición que actualmente afecta a los trabajadores transfronterizos. Además, se plantea un sistema de financiación que compense al Ayuntamiento por la población flotante que reside o trabaja en la ciudad, mayoritariamente extranjera y no empadronada, pero que utiliza los servicios municipales.
En el plano social, el texto propone reforzar servicios sanitarios, educativos y sociales mediante convenios bilaterales con la colonia británica. También se incluyen propuestas para garantizar las pensiones futuras de los trabajadores transfronterizos, la protección de menores, el tratamiento conjunto de residuos, el uso compartido de instalaciones deportivas y la creación de titulaciones universitarias conjuntas entre centros de Andalucía y el Peñón.
Abierto a la ciudadanía
El alcalde de La Línea ha subrayado que este memorándum es «un documento vivo y abierto», que estará disponible para consulta ciudadana. Los vecinos pueden enviar propuestas de mejora a través de un correo electrónico habilitado para incorporar ideas. El regidor también ha insistido en la importancia de preparar el municipio «de forma anticipada» para los profundos cambios urbanos y sociales que se avecinan, especialmente en áreas como vivienda y planificación territorial.
Por último, el Ayuntamiento reclama una «interlocución directa» con el Gobierno de España para abordar cuestiones que, a juicio del alcalde, exceden las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. «La Línea requiere una atención especial», ha subrayado Juan Franco.
En este sentido, en el anexo del memorándum se recuerda que ya en 1997 se constituyó una comisión entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de La Línea, a la que posteriormente se uniría la Diputación de Cádiz, para reconocer el estatus especial del municipio linense. Sin embargo, su última reunión data de enero de 2005, hace ya más de 20 años.
Aunque todavía no se conocen las consecuencias que tendrá el acuerdo de Gibraltar, pendiente de la firma de un tratado, La Línea teme asumir gran parte del coste social y económico de su aplicación. Así, ante el riesgo de ser excluido de las decisiones que le afectan, el Ayuntamiento ha tomado la delantera para evitar que este proceso se traduzca en nuevos perjuicios para una ciudad que, históricamente, ya ha pagado un alto precio por su situación geográfica.
