Andalucía refuerza la lucha contra el narcotráfico con un nuevo depósito judicial en Málaga

La Junta de Andalucía ha abierto recientemente un nuevo depósito judicial de vehículos. Se trata del cuarto en toda la región. Este recinto, ubicado en el municipio malagueño de Almargen, se suma a la red puesta en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno y supone un refuerzo clave en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.

Hasta el año 2019, año en el que Moreno llegó al Palacio de San Telmo, Andalucía solo contaba con un único depósito judicial, ubicado en Sevilla e inaugurado en 2010. Este centro daba servicio no solo a su provincia, sino también a otras como Málaga, lo que generaba importantes dificultades operativas.

Para resolver este problema, el Gobierno andaluz emprendió una estrategia de ampliación de estas instalaciones, logrando la creación de nuevos depósitos en Mengíbar, para las provincias orientales de Jaén, Granada y Almería, así como otro en el Campo de Gibraltar. A esta red se suma ahora el nuevo centro de Málaga.

Esta nueva infraestructura representa un recurso fundamental para combatir de forma más eficaz las mafias que operan especialmente en Málaga y Sevilla, las dos provincias que concentran el mayor número de incautaciones de vehículos en la región, muchos de ellos de alta gama utilizados por estas organizaciones criminales, así como embarcaciones rápidas, conocidas como narcolanchas, empleadas para el tráfico de drogas desde el norte de África hasta la costa andaluza.

La construcción del depósito de Almargen ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros, adjudicada mediante concurso público por un periodo de 24 meses prorrogables. Este modelo de gestión permite garantizar la legalidad, la transparencia y la eficiencia del servicio, evitando los sobrecostes y la inseguridad jurídica que generaban los anteriores acuerdos con empresas privadas.

El centro malagueño cuenta con una superficie de más de 11.000 metros cuadrados y una capacidad para albergar hasta 600 vehículos. En la actualidad, ya están bajo su custodia 275 vehículos incautados, de los cuales más de un centenar han sido trasladados desde el depósito de Sevilla para descongestionar esas instalaciones. Además, el depósito dispone de un sistema de videovigilancia integral, con cámaras distribuidas en todo el perímetro y zonas clave del recinto.

La necesidad de este tipo de centros se entiende mejor al conocer la complejidad del proceso judicial que implica la incautación de un vehículo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las encargadas de requisarlo, pero es la autoridad judicial quien debe decretar su depósito. En este punto, comienza una etapa de custodia que puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo del avance del proceso penal.

Las narcolanchas, un reto judicial

En paralelo a los vehículos terrestres, el depósito de Málaga también custodia medios incautados en operaciones relacionadas con el narcotráfico, como las conocidas narcolanchas. Aunque su gestión recae normalmente en la Agencia Tributaria y los Puertos del Estado, la Junta de Andalucía ha asumido su responsabilidad siempre que exista un auto judicial que ordene su depósito o destrucción.

Actualmente, el depósito de Almargen alberga cinco narcolanchas y otras dos embarcaciones menores, mientras que el de Sevilla custodia tres más. Estos bienes no pueden ser retirados ni gestionados si no hay una orden judicial expresa que lo autorice. Al tratarse de embarcaciones ilegales, no pueden destinarse a ningún otro uso, por lo que la prioridad es su destrucción inmediata.

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha insistido en la importancia de establecer un protocolo estatal que homogeneice los criterios de actuación en la gestión de los bienes incautados, incluyendo los vehículos y las narcolanchas utilizados por las mafias. El objetivo es lograr una gestión ágil y eficaz de los bienes incautados en procedimientos judiciales, con independencia de la provincia o la administración que intervenga.

Además, la existencia de estos depósitos públicos permite liberar a las fuerzas de seguridad de tareas logísticas y de almacenamiento que hasta hace poco recargaban sus funciones, permitiéndoles centrarse en labores operativas. Su papel es también crucial en el desmantelamiento de organizaciones criminales, asegurando que los bienes que utilizaban para delinquir no vuelvan a ser utilizados y contribuyendo así a debilitar sus estructuras económicas y operativas.