La A-7 entre Mijas y Estepona, al borde del colapso: el preocupante rostro de la saturación

La lucha contra el peaje de la AP-7 ha entrado en una nueva fase. El Partido Popular de Málaga ha lanzado una recogida masiva de firmas dirigida directamente al Gobierno de España, exigiéndole que bonifique esta autopista para liberar el insostenible tráfico de la paralela A-7. La iniciativa no es un simple gesto político; responde a una demanda histórica de colectivos tan diversos como autónomos, empresarios de la hostelería y residentes de la Costa del Sol, que se ven estrangulados a diario.

«Para los autónomos y pymes, este peaje es un impuesto directo a nuestra competitividad», argumentan desde la Asociación de Autónomos ATA Málaga, uno de los colectivos más afectados. No les falta razón. Cruzar la AP-7 entre Fuengirola y Estepona puede superar los 10 euros por trayecto, una sangría para quien depende de la carretera para trabajar (al cabo del mes puede llegar a suponer unos 300 euros al mes). La Federación Malagueña de Hostelería también se ha sumado a las quejas, señalando que el coste encarece los servicios y disuade a potenciales clientes.

La A-7, al borde del colapso

¿Por qué liberar la AP-7 es urgente? Los datos de la DGT pintan un panorama alarmante. La A-7, la vía libre alternativa, soporta intensidades medias diarias que superan los 90.000 vehículos en algunos tramos, muy por encima de su capacidad ideal. Esta saturación crónica tiene una consecuencia directa y grave: este corredor registra una media de 380 accidentes al año entre Fuengirola y Estepona, siendo identificado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial como un punto negro por la concentración de colisiones por alcance y salidas de vía.

Frente a este caos, la solución parece clara para los promotores de la iniciativa: bonificar la AP-7 para redistribuir el tráfico. Señalan que el Gobierno central sí ha aplicado esta política en otras autopistas concesionadas, como la AP-7 en la provincia de Alicante, donde el peaje fue bonificado para camiones y luego para turismos, logrando descongestionar las carreteras gratuitas. Este precedente exitoso aviva la frustración en Málaga.

Sobre este asunto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en distintas ocasiones. Si bien ha reconocido la problemática específica de la AP-7 en Málaga, sus declaraciones han enfriado las expectativas de una bonificación total a corto plazo. El ministro ha argumentado que cualquier medida debe enmarcarse en un análisis de «viabilidad jurídica y económica», subrayando el coste que supondría para las arcas públicas y la complejidad de la concesión.

«Liberarla», el gran sueño

Ante las demandas ciudadanas, muchos se preguntan por qué no se elimina directamente el peaje. La respuesta reside en la naturaleza jurídica de la concesión. La AP-7 está gestionada por una empresa privada con un contrato de concesión con el Estado, que se extiende hasta el año 2079. «Liberarla» supondría una expropiación de la concesión, un proceso legalmente complejo con una indemnización millonaria para la que, según ha señalado el Ministerio, no hay presupuesto. La bonificación, donde el Estado paga parte o todo el peaje a la concesionaria, se presenta como la solución jurídica y financiera más viable.