Una policía local de Sevilla recupera su piso tras tres años siendo víctima de un inquiokupa senegalés

Alquiló de buena fe su piso a un vendedor ambulante que le aseguró ser representante de bisutería, razón por la cual viajaba mucho y no le podía pagar puntualmente cada mes, y este acabó siendo un inquiokupa, como se conoce a aquellos individuos que, siendo en un principio los inquilinos legales de una vivienda o local, al cabo de un tiempo incumplen con los pagos acordados y se niegan a abandonar el inmueble.

El calvario de Amparo Meléndez, policía local de Sevilla, ha durado tres años, el tiempo que ha tardado en recuperar su piso, ubicado en la avenida Médicos sin Fronteras, en el barrio de Sevilla Este, de manos de su inquilino, a la postre inquiokupa, un ciudadano senegalés conocido como Jimmy –su nombre real es Adama– que en 2021 recibió una oleada de solidaridad tras sufrir el incendio de su puesto de venta ambulante en Los Remedios.

Numerosos vecinos, así como policías nacionales (la Jefatura Superior se encuentra justo enfrente del lugar donde colocaba habitualmente su tenderete), recaudaron alrededor de 11.000 euros para ayudar al vendedor después del fuego. Los vecinos compartieron lo ocurrido en Facebook, en un grupo dedicado al barrio de Los Remedios, y de ahí surgió la iniciativa. Sin embargo, su casera no vio ni un duro de ese dinero.

En una sentencia emitida el pasado 20 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla condenó a Jimmy a dejar la vivienda a disposición de su propietario, declarando la rescisión del contrato de alquiler y ordenándole pagar 33.332 euros de dinero adeudado a Amparo, tras una demanda de esta policía local por falta de pago y reclamación de rentas de alquiler no abonadas.

En su demanda, la propietaria de la vivienda exponía que, después de que en 2018 ambas partes firmasen dicho contrato con una renta de 750 euros al mes, 822 euros al incluir la comunidad, el demandado dejó de abonar el alquiler en octubre de 2021, «incumpliendo de manera reiterada sus obligaciones» contractuales, incrementadas en 2023 a 961 euros mensuales por el aumento del IPC.

La cuantía reclamada a fecha de la interposición de la demanda ascendía a 26.460 euros. Tras analizar el caso, el juzgado concluye que, a la fecha del dictado de la sentencia, el vendedor ambulante «adeuda a la demandante la suma total de 33.332 euros por las rentas y cantidades repercutidas por cuotas comunitarias, de octubre de 2021 a diciembre de 2024 y descontada la mensualidad de febrero de 2023», que sí fue abonada.

Sin embargo, el caso de Amparo aún no ha terminado, ya que ha interpuesto una demanda de ejecución de sentencia, con el objetivo de obtener el dinero adeudado, y reclamará a Jimmy una indemnización económica por los numerosos «desperfectos» que presenta el piso en las puertas, los cuartos de baño, el mobiliario y la cocina, además de signos de «deterioro por falta de cuidado».

La policía local ha celebrado la recuperación de su piso tras un largo proceso judicial que también incluye una denuncia y posterior condena a Jimmy por el uso de la plaza de garaje sin permiso, un delito de usurpación que supone el pago de una multa de seis euros diarios durante tres meses, en total 540 euros, y ha animado a «todas las personas que estén en la misma situación» a «llegar hasta el final» en sus acciones judiciales.