El maltratador que se registró como mujer en Sevilla para evitar la cárcel pide la nulidad del juicio

El maltratador que se registró como mujer en Sevilla, actualmente en busca y captura por no cumplir una condena firme de 15 meses de cárcel, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que se anule el juicio en su contra. En este proceso se le solicitan cuatro años de prisión, tras haber sido trasladada la causa de violencia de género a un juzgado de instrucción ordinario.

El abogado de la víctima, José Antonio Sires, explicó que el acusado, registrado ahora como Candy, ha evitado presentarse en dos ocasiones al juicio desde enero. El letrado de Candy ha pedido la nulidad del procedimiento, alegando que el caso debía haber seguido su curso como una causa de violencia de género y no como un proceso ordinario.

Según la defensa, el hecho de que la causa fuera inicialmente instruida por violencia de género y luego asumida por un juzgado de instrucción contradice la competencia legal. La Audiencia Provincial de Sevilla justificó este cambio en que, tras la modificación registral de sexo del acusado, la violencia de género ya no podía aplicarse en este caso.

En su escrito, el abogado defensor considera que la instrucción actual es «nula de pleno derecho» y reclama su anulación. En contraposición, José Antonio Sires denuncia que Candy, antes llamado Cándido, ha utilizado «el resquicio» que ofrece la Ley 4/2023 sobre derechos trans para eludir a la Justicia mediante lo que considera un fraude legal.

Sires señala que los hechos denunciados ocurrieron en 2022, cuando el acusado aún figuraba legalmente como hombre. Además, recuerda que el cambio de sexo registral se hizo en agosto de 2023, citando el artículo 46.3 de la mencionada ley, que establece que esa modificación no altera el régimen jurídico anterior al cambio.

El acusado, con una orden de alejamiento de 300 metros sobre su expareja, está siendo procesado por delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena. Por este último, al romper la orden de alejamiento, se le solicita un año de prisión. Las penas solicitadas por la acusación particular suman cuatro años de cárcel.

En detalle, se le piden dos años de prisión por injurias y vejaciones, uno por amenazas y otro por quebrantar la orden judicial. La Fiscalía, en cambio, solicita dos años y un día de prisión solo por las amenazas y propone ocho días de localización permanente por las injurias, sin pronunciarse sobre la orden quebrantada.

Por último, el abogado José Antonio Sires ha advertido que Candy tiene además otras cuatro causas abiertas relacionadas con distintos hechos que afectan directamente a su defendida. Estas causas aún están pendientes de resolución en los tribunales.