Trato de favor, dinero y móviles de lujo: detenidos dos funcionarios en la cárcel de Palma

Durante meses, algo se movía en silencio tras los muros de la cárcel de Palma. No dejaba rastro visible, pero sí indicios suficientes como para activar una investigación discreta, paciente, casi quirúrgica. Favores que no cuadraban. Privilegios que no se explicaban. Y dinero.

Esa es la trama que ha seguido la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Baleares y que ha aflorado con varias detenciones. Dos funcionarios del centro penitenciario y una mujer del entorno cercano de un interno han sido arrestados en una operación que apunta a un presunto delito de cohecho.

Según la investigación, determinados reclusos habrían recibido un trato de favor a cambio de contraprestaciones económicas, mientras objetos prohibidos —como teléfonos móviles de alta gama— cruzaban los controles y entraban en la prisión. Todo ello dentro de un engranaje que, según los investigadores, habría funcionado con discreción durante meses.

Una causa secreta y meses de investigación

Fuentes próximas al caso explican que las pesquisas se iniciaron hace meses, en el marco de una causa declarada secreta.

Lo que empezó siendo mera rumorología acabó llamando seriamente la atención de los responsables de la cárcel: algunos presos disfrutaban de ventajas que no correspondían al régimen ordinario del centro. Por ejemplo, facilidades en el acceso a determinados servicios, un trato diferenciado en el día a día y la tolerancia en el incumplimiento de normas internas, como el contacto de estos reclusos con personas vetadas.

Los investigadores sospechan que estas prebendas habrían sido concedidas a cambio de pagos económicos realizados por familiares o personas del entorno de los reclusos beneficiados.

En el transcurso de la investigación, los agentes constataron además la introducción reiterada de objetos no autorizados en la prisión, como móviles de alta gama. Estos accesos irregulares se habrían producido en varias ocasiones y siempre con la presunta colaboración de personal del propio centro penitenciario, lo que agravaría la responsabilidad de los funcionarios implicados.

Tras culminar las diligencias policiales iniciales, los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión provisional de uno de los funcionarios investigados y de la mujer arrestada, mientras que el otro empleado público quedó en libertad con cargos, a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

Las medidas adoptadas responden, según fuentes judiciales, al riesgo de reiteración delictiva y a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo de la investigación.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Penitenciaria. Este trabajo conjunto ha permitido recopilar indicios suficientes para proceder a las detenciones y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Ahora, las detenciones marcan solo el primer capítulo de una causa que trata de determinar hasta dónde llegó el entramado y cuántas piezas formaban parte de un sistema paralelo de beneficios dentro del centro penitenciario.