El independentista que pidió acogerse a la amnistía por una pintada de «P**a España» en Mallorca

El Juzgado de Manacor retoma este jueves el proceso contra un conocido militante de la Esquerra Independentista, vinculado a la CUP, investigado como presunto autor de varias pintadas vandálicas en edificios públicos de Felanitx en noviembre de 2023. El caso vuelve a cobrar impulso con la declaración del investigado, tras permanecer bloqueado más de un año por la estrategia de la defensa de acogerse a la ley de amnistía, diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez ex profeso para amnistiar a los líderes del procés independentista catalán.

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de noviembre de 2023, cuando la fachada del Ayuntamiento de Felanitx —un edificio protegido del centro del pueblo— apareció con una pintada en azul con el lema «Puta Espanya» y una estelada. En otros puntos de la localidad también se registraron consignas a favor del derecho a la vivienda y contra la masificación turística.

La defensa solicitó la aplicación de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez el mismo día de su entrada en vigor, argumentando que la naturaleza de los mensajes dejaba clara la «finalidad independentista» de los actos. Fue el primer caso de Baleares en la amnistía alegando vínculos con el procés. Sin embargo, tanto el juzgado de instancia como la Audiencia Provincial han desestimado, por ahora, el sobreseimiento. Si bien la Audiencia no lo ha hecho de forma tajante, ha pospuesto la decisión a que finalice la instrucción, permitiendo que el proceso siga su curso.

Desde el entorno de la CUP y organizaciones afines denuncian que la detención del joven, realizada por la Guardia Civil un mes después de los hechos, fue «arbitraria». Sostienen que la identificación no se basó en pruebas materiales o testigos directos, sino en el reconocimiento de dos agentes basándose en los antecedentes políticos del investigado. Atribuyen la celeridad del arresto a la «presión política» ejercida por las instituciones tras la condena pública de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La alcaldesa, del PP, calificó el ataque como una falta de respeto al patrimonio, mientras que Prohens subrayó que «el respeto a las instituciones es esencial para la convivencia».

Otro de los puntos determinantes del juicio será la cuantía económica de los daños. Mientras que el Ayuntamiento valoró inicialmente la limpieza en 1.500 euros, un informe posterior de la defensa rebaja la cifra a apenas 140 euros. Esta diferencia es crucial porque de ella depende que los hechos sean calificados como un delito de daños sobre patrimonio protegido o como una falta leve, lo que cambiaría la posible condena.