Alfonso Rodríguez y Catalina Soler

Alfonso Rodríguez y Catalina Soler

Una alcaldesa del PP en Mallorca lleva a los tribunales la filtración de su multa a la Ser y apunta al delegado del Gobierno

Catalina Soler denuncia una revelación de secretos tras la difusión de su expediente, que atribuye a la institución al frente de Alfonso Rodríguez, con el objetivo de causarle «daño político»

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), ha denunciado ante la justicia la filtración de un expediente administrativo que fue difundido por la Cadena Ser antes incluso de ser notificado a la propia interesada. Según ha podido saber este diario, la regidora popular ha puesto los hechos en conocimiento de los tribunales por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar que se ha utilizado información de carácter administrativo para orquestar una campaña de desgaste político en su contra con la publicación de una multa de 100 euros.

La alcaldesa aclara que ni ha pagado la sanción —reducida por Madrid tras un recurso— ni está condenada en firme, dado que el proceso administrativo sigue bajo recurso de alzada. Su decisión de elevar el caso a la justicia no busca eludir el pago de la multa sino denunciar lo que considera una «instrumentalización política» desde la Delegación del Gobierno.

Desde el entorno de Soler denuncian que el organismo dirigido por el socialista Alfonso Rodríguez está actuando como un «órgano político» dedicado al acecho de adversarios. Vinculan este modus operandi con la estrategia de señalamiento sufrida recientemente por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El origen: una multa de tráfico

El conflicto tiene su raíz en un incidente ocurrido en mayo del pasado año. Según el acta de la Guardia Civil, dos patrullas dieron el alto a Soler en una rotonda entre Felanitx y Campos por circular a una velocidad «ostensiblemente superior» a los 40 km por hora permitidos.

De acuerdo con el relato policial, tras ser identificada, la alcaldesa habría proferido comentarios despectivos como «no mereces vestir ese uniforme» o «esta tierra no exige mucho», en alusión a la procedencia no balear del agente. Pese a que la Guardia Civil ratificó esta versión ante el primer recurso de Soler, el expediente se rebajó a una sanción de 100 euros por una supuesta falta de respeto a los agentes.

La versión de la alcaldesa es distitnta. Soler califica de «absolutamente falsa» la acusación de desprecio y asegura que mantuvo una actitud «respetuosa, tranquila y educada». Sostiene que no utilizó lenguaje ofensivo ni elevó el tono de voz, y que solo se identificó como alcaldesa cuando los agentes se lo preguntaron por tercera vez.

En su recurso, Soler afirma que se sintió intimidada por un «abuso de poder» de los agentes y cuestiona la falta de pruebas objetivas —como soportes gráficos o documentales— que acrediten tanto el exceso de velocidad como las supuestas ofensas. Para la defensa de la regidora, los comentarios que se le atribuyen, en caso de haber existido, estarían en cualquier caso amparados por la libertad de expresión.

Filtración y choque político

No obstante, el punto de ruptura definitivo se produjo este miércoles con la difusión del expediente en la radio de, grupo Prisa antes de que la resolución le fuera comunicada oficialmente. «Parece que la Ser Mallorca ha recibido información de la Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño personal y políticamente. Si es así, es un delito», afirmó Soler en un mensaje público. «El caso es muy similar al del fiscal general y el juez estudiará y decidirá», añadió.

Tras interponer la denuncia por la filtración del documento, la alcaldesa ha exigido al delegado del Gobierno en el archipiélago, el socialista Alfonso Rodríguez, que investigue quién ha podido cometer este presunto delito dentro de la institución. Mientras el PP balear arropa a su alcaldesa denunciando el uso de las instituciones para la «destrucción del adversario».

Desde la Delegación del Gobierno en las islas respondieron con sorpresa a las acusaciones de filtración y negaron haber facilitado «ningún tipo de información a ningún medio de comunicación»: «No se da ningún detalle sobre expedientes administrativos que afectan a particulares», se limitaron a responder a este diario.

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