Vox cifra el «saqueo» de los menores extranjeros en Baleares: 73,6 millones y casi 10.000 por cada uno

Vox ha puesto cifra a la gestión «insostenible» de la presión migratoria en Baleares. Según los cálculos de la formación, la atención a los menores no acompañados que llegan en patera a las costas del archipiélago asciende a 73,6 millones de euros anuales. Una partida presupuestaria que la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, no ha dudado en tildar de «saqueo» y síntoma inequívoco de un «efecto llamada» que está tensionando las costuras del Estado de bienestar.

Durante la defensa de una proposición no de ley (PNL) este martes, la formación se empleó a fondo para «desenmascarar el coste real» del fenómeno. Según los datos aportados, el mantenimiento de cada menor extranjero asciende a 9.600 euros en Ibiza, 9.300 en Formentera y 7.400 en Mallorca. Para Cañadas, estos recursos suponen un «agravio comparativo» para los ciudadanos locales, vinculando este gasto a la detracción de partidas esenciales como becas de comedor, ayudas al estudio o el acceso a la vivienda.

La formación vinculó directamente la presión migratoria con el colapso de la atención primaria y especializada. Según sus cifras, cada jornada 300 ciudadanos se quedan sin atención en primaria, se cancelan tres operaciones quirúrgicas y 30 personas pierden su cita con el especialista.

«La sanidad no es que esté colapsada, es que está saqueada», sentenció tajante Cañadas, criticando un sistema que, a su juicio, prioriza a quienes «ni cotizan ni aportan» frente a los trabajadores del archipiélago.

Dos puntos clave

La iniciativa, que constaba de más de diez puntos, planteaba una enmienda a la totalidad de las políticas de fronteras abiertas bajo el lema de la «prioridad nacional». Vox logró arrancar el apoyo del PP en dos puntos clave, permitiendo que el Parlamento inste al Gobierno a la «remigración» de aquellos inmigrantes que cometan delitos o decidan «no integrarse» para imponer su cultura.

Asimismo, los populares respaldaron el fin de las políticas de «efecto llamada», el impulso de incentivos fiscales para la contratación de españoles y la suspensión de la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión de flujos.

Sin embargo, el PP marcó distancias mediante la abstención o el voto en contra en los puntos más espinosos, impidiendo que prosperaran medidas como la «remigración» de todos los inmigrantes irregulares, independientemente de si han delinquido o no, o la prioridad por ley de los españoles en el acceso a ayudas sociales.

Tampoco salió adelante la propuesta de supresión del arraigo ni la auditoría de todas las nacionalidades concedidas en los últimos años.

«En un país se entra legalmente y respetando sus valores», concluyó Cañadas, en un mensaje directo a su socio de investidura, subrayando que Vox no abandonará una «batalla cultural» contra una inmigración que, sostuvo, sólo «beneficia a las mafias y crea barrios inseguros».