El Ejecutivo central ha incluido el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática
Sociedad Civil Balear recurre el ataque a Sa Feixina para frenar «la piqueta» de Sánchez»
La entidad presentará un recurso de alzada contra la inclusión del monumento en su 'lista negra' de la Memoria Democrática, y alerta de que derribarlo sería «una imagen internacional deplorable»
Nuevo frente de guerra jurídica contra el revisionismo histórico de Moncloa. La asociación Sociedad Civil Balear (SCB) interpondrá de manera inmediata un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno de Pedro Sánchez que etiqueta el monumento de Sa Feixina de Palma como un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática.
Le entidad cívica, que logró en 2016 paralizar el derribo del monumento dedicado a las víctimas del Crucero Baleares, acusa a la Secretaría de Estado que dirige Fernando Martínez López de iniciar una «persecución ideológica» disfrazada de procedimiento administrativo para reactivar la piqueta contra un símbolo que los tribunales ya declararon intocable.
Los servicios jurídicos de la asociación denuncian a El Debate un «desvío de poder» del Gobierno. Argumentan que el Ejecutivo central ha ignorado deliberadamente que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ya sentenció en su día que el monumento, despojado de simbología franquista, tiene un valor arquitectónico, histórico y patrimonial que merece protección.
«El Gobierno de Sánchez pretende hacer por la puerta de atrás lo que la Justicia le prohibió hacer por la delantera: demoler la historia de Palma por un mero capricho político», explican fuentes conocedoras del recurso.
Por la puerta de atrás
El recurso de alzada se apoya en tres pilares fundamentales para tumbar la resolución ministerial. Por un lado, que Sa Feixina fue resignificada hace 15 años y hoy es un homenaje a todas las víctimas del Crucero Baleares.
Además, Sociedad Civil balear acusa a Moncloa de pisotear las competencias exclusivas en materia de Patrimonio que corresponden al Consell de Mallorca. Por último, sostienen que la inclusión en el catálogo carece de un informe técnico riguroso que justifique por qué un monumento protegido por su valor artístico debe ser ahora señalado como «delictivo».
Los recurrentes insisten en que se está ante una «absoluta falta de respeto a las decisiones del Poder Judicial» y un intento de imponer la voluntad administrativa sobre la cosa juzgada.
La entidad cívica avisa de que el Gobierno intenta imponer un «relato político falsario» que choca frontalmente con la realidad histórica acreditada en sede judicial. Recuerda que en el hundimiento del crucero Baleares perecieron «compatriotas de ambos bandos», muchos de ellos reclutas forzosos.
«Es esta una verdad judicial, incontrovertida ya, y ningún político de cualquier signo puede contradecir esta realidad», explica Tomeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, que sostiene que la historia no puede ser reescrita por un decreto cuando ya existe un pronunciamiento judicial que avala la resignificación democrática del monumento realizada en 2010.
El recurso de Sociedad Civil Balear lanza una advertencia a la Secretaría de Estado que dirige Fernando Martínez López, tildando su resolución de «claramente arbitraria e ilegal». Los recurrentes avisan de que si el Gobierno persiste en la demolición de un bien protegido, la «presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y contra el patrimonio estará sobre la mesa».
De ejecutarse el derribo, alerta de que España proyectaría una «imagen deplorable ante la comunidad internacional», equiparando la destrucción del patrimonio arquitectónico con prácticas propias de regímenes fundamentalistas.
«Una imagen internacional deplorable»
«El Gobierno pretende vulnerar la Constitución y, para mayor escarnio, su propia Ley de Memoria Democrática. Haría bien en abandonar su guerracivilismo militante y sellar definitivamente la paz en un tema ya resuelto por nuestros Tribunales», insiste.
Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ya ha confirmado que agotará todas las vías legales para frenar lo que los sectores civiles consideran un «atentado» contra la ciudad, mientras la sombra de la vía penal planea sobre el Ministerio.
