Baleares demuestra que se puede meter motosierra a la deuda mientras se bajan impuestos

La clave no está en recaudar más sino en gestionar mejor. Ese es el eje que atraviesa la política fiscal balear y que, en resumen, encaja en la directriz de recortar lo accesorio para sostener lo esencial. Una buena motosierra, siguiendo la estela de la entrevista que el director de este medio, Bieito Rubido, le ha realizado al presidente de Argentina, Javier Milei. El planteamiento rezuma ideología pero los números carecen de ella: las cifras hablan.

En lo que va de legislatura, Baleares ha reducido su deuda en 510 millones de euros, echando medias: unos 125 millones al año, más de 10 millones al mes.

El dato no es menor porque viene acompañado de un cambio de tendencia más amplio. Según los datos del Banco de España, la comunidad cerró 2025 con 8.364 millones de euros de deuda pública, el mejor registro al cierre de un ejercicio desde 2015. Es decir, no solo se frena el crecimiento, sino que se corrige.

Pero donde realmente se aprecia el giro es en la ratio sobre PIB. Baleares terminó 2025 con una deuda equivalente al 17,7 % del PIB, el porcentaje más bajo desde 2010. Para encontrar una cifra similar hay que retroceder quince años, cuando la ratio estaba en el 16,6 %.

Conviene poner esto en contexto. En 2020, ese mismo indicador llegó a dispararse hasta el 34,2% del PIB. En apenas unos años, la carga relativa de la deuda se ha reducido prácticamente a la mitad. Y si se compara con la situación del resto de comunidades, Baleares se sitúa 2,5 puntos por debajo de la media. Una comunidad, conviene resaltando, cuyo crecimiento poblacional asciende en vertical y por tanto, las necesidades sociales aumentan sin tregua.

El otro elemento que explica esta evolución es el saldo presupuestario. Según el Ministerio de Hacienda, el archipiélago cerró 2025 con un superávit de 53 millones de euros (0,1 %). Un año antes, en 2024, el superávit fue de 101 millones (0,23 %), y en 2023 alcanzó los 178 millones (0,46 %). Tres ejercicios consecutivos en positivo. Desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación subrayan que «todos los ejercicios se han completado con superávit», lo que apunta a un cambio de fondo en la gestión.

Mantener servicios, aliviar carga fiscal

Ese cambio es el que permite sostener el argumentario político. Según el propio Govern, la positiva evolución de la deuda avala su estrategia y demuestra que, «en un contexto de crecimiento económico, se pueden bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, se puede aumentar el presupuesto para la educación, la sanidad o los servicios sociales, y se puede reducir la deuda».

Dicho así -por enésima vez- suena a mítin político, pero lo cierto es que hay consecuencias tangibles: La entrada de Baleares en julio en el compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a comunidades autónomas, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, introduce un elemento adicional. Supone, en la práctica, dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y recuperar margen de maniobra. Es decir, volver a financiarse en mejores condiciones y con mayor autonomía.

En ese mismo plano, el Govern endurece el discurso frente al debate sobre la condonación de deuda. «Estos datos reafirman también lo que siempre hemos dicho: las Islas Baleares no necesitan la condonación de la deuda. Y, sobre todo, rechazamos de plano que una comunidad que controla sus finanzas tenga que pagar los deberes mal hechos de otros territorios a cambio de nada, y asumiendo más deuda por habitante», ha señalado Costa. Enésimo zasca a Sánchez por su peaje a Cataluña. El mensaje es claro: disciplina interna frente a mutualización de costes. O, en otras palabras, gestión frente a redistribución del problema.

Ahí es donde entra la discusión de fondo. Reducir deuda sin subir impuestos obliga a mirar el gasto. No en términos generales, sino partida a partida. Identificar qué es imprescindible y qué responde más a inercia que a necesidad.

El planteamiento del Govern apunta a que se puede ajustar sin tocar el núcleo de los servicios públicos. Eso implica actuar sobre capas menos visibles pero voluminosas del presupuesto. Estructuras administrativas duplicadas, entes con escasa actividad real, programas cuya eficacia no se evalúa, gasto que se perpetúa porque nadie lo revisa.

«El resultado de estos tres años es indiscutible: hemos reducido más de 500 millones de euros la deuda y hemos situado la ratio en su mejor nivel en 15 años», ha defendido Costa, que vincula además ese balance al acceso a la Facilidad Financiera como reconocimiento a la gestión realizada.

Ese es, en esencia, el terreno en el que se mueve ahora el debate: si el ajuste debe recaer en el contribuyente o en la propia administración. La motosierra, ya se sabe, siempre tiende a lo segundo.