Rodríguez (izqda.) y Prohens (dcha.) en imágenes de archivo
Baleares
El delegado del Gobierno acusa al PP de torpedear la regularización y Prohens a Sánchez de estrangular los ayuntamientos
El Ejecutivo central niega colapso y habla de «criminalización» de inmigrantes, mientras el Govern balear alerta de saturación de servicios y efecto llamada
Choque frontal entre gobiernos por la regularización masiva. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, se han lanzado duras acusaciones este lunes, el primero acusando al PP de boicotear los derechos de los inmigrantes y la segunda denunciando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez engaña a la ciudadanía mientras «estrangula» a los ayuntamientos, que deben asumir la emisión de informes de vulnerabilidad.
Rodríguez, en una rueda de prensa, ha defendido el proceso de regularización y ha reprochado a dirigentes del PP y del Govern que utilicen este trámite para «criminalizar» a los migrantes, cuando el objetivo —ha insistido— es «darles derechos». Asimismo, ha negado que exista colapso en el arranque del procedimiento. El delegado ha atribuido las colas registradas a la «comprensible inquietud» inicial y ha llamado a la tranquilidad, recordando que el plazo se extiende hasta el 30 de junio y que no hay cupos.
Además, ha subrayado que los ayuntamientos son los responsables de emitir los informes de vulnerabilidad social y ha planteado que, si los servicios públicos se refuerzan durante la temporada turística, también deberían reforzarse ahora para atender a personas «vulnerables».
Prohens niega que la medida sea humanitaria
En el lado contrario, Prohens ha elevado el tono al considerar que la regularización «no responde a una cuestión de humanidad o dignidad, sino de oportunismo e improvisación». En declaraciones en Eivissa, ha advertido de que el proceso está generando un escenario «caótico» para miles de personas y ha denunciado la falta de información clara para los consistorios.
«Vemos caos, vemos improvisación y engaños», ha insistido, criticando que se esté enviando a los migrantes a los ayuntamientos a solicitar certificados «como si fuera algo automático», pese a que estos trámites requieren tiempo y recursos. En este sentido, ha reprochado al Gobierno central no haber dotado de medios extraordinarios a los servicios sociales municipales, que —según ha afirmado— están sobrecargados.
La líder popular ha alertado de una consecuencia colateral crítica de este proceso para el archipiélago: al no contar con el respaldo de la Unión Europea, miles de personas quedarán atrapadas en Baleares sin posibilidad de transitar hacia otros países del continente.
Unas islas saturadas de personas
Prohens ha sido tajante al explicar la gravedad de la situación para unas islas que ya sufren una presión migratoria y habitacional sin precedentes. Según la presidenta, el rechazo de la UE a este proceso invalida cualquier expectativa de movilidad europea para los recién regularizados. «Si todos los países europeos dicen que no los reconocerán, la noticia es que ya no se irán, sino que se quedarán aquí», ha advertido, señalando que esto agravará inevitablemente el problema de la vivienda. Sobre todo en Ibiza, una isla ya muy afectada por la existencia de numerosos asentamientos ilegales en los que residen numerosos trabajadores de temporada del sector turístico e, incluso, funcionarios.
Para la presidenta balear, este escenario demuestra que el Gobierno central ignora la capacidad de carga de Baleares. Y es que Prohens ha denunciado que el Gobierno de Sánchez ha obviado la capacidad de carga del archipiélago y la saturación que ya viven todos sus servicios públicos. En este sentido, ha puesto como ejemplo que el Ibsalut ha tenido que emitir 40.000 nuevas tarjetas sanitarias en solo dos años.
