«Entraremos en colapso»: la advertencia de los funcionarios ante la regularización de Sánchez que arranca este lunes

Ha llegado el día D —o quizá el día C, de colapso— para los servicios públicos estatales en Baleares ante el arranque de las presentaciones presenciales de solicitud de regularización para 30.000 inmigrantes ilegales. Así lo advierte el secretario del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT en Baleares, Fernando Martorell, quien en una entrevista con El Debate lanza el enésimo grito de auxilio al Gobierno para que actúe sobre las paupérrimas plantillas con las que la Administración General del Estado presta servicio en las islas.

Usted habla en nombre de UGT Baleares. ¿Cómo afrontan el inicio presencial de esta campaña de regularización en Baleares con la situación actual de plantilla?

En las condiciones actuales, Baleares difícilmente puede asumir un incremento de carga de trabajo como el que se prevé. En Extranjería hay 75 plazas, de las cuales 36 están vacantes, lo que supone cerca de un 47 %. Esa falta de personal ya está tensionando el servicio en el día a día, por lo que afrontar una campaña de estas dimensiones resulta muy complicado.

El sistema puede entrar en colapso, especialmente ante una campaña de regularización de gran escala como la que se plantea

¿Consideran viable asumir un volumen potencial de hasta 30.000 expedientes sin un refuerzo estructural?

No, no es viable. Ya existe un retraso acumulado de unos 1.000 expedientes en la actualidad. Con ese punto de partida, asumir una avalancha de solicitudes de este volumen sería prácticamente imposible sin un refuerzo real y estable de plantilla.

Habla de una Administración que funciona a base de parches. ¿A qué se refiere exactamente?

Nos referimos a que no se están abordando soluciones estructurales. Se recurre a medidas temporales que no resuelven el problema de fondo. Por ejemplo, hay 18 interinos que actualmente sostienen parte del servicio, pero sus contratos finalizan y no sabemos si seguirán, lo más probable es que no. Justo cuando empiezan a dominar el trabajo, dejan de estar, lo que impide consolidar equipos y genera una rotación constante.

¿Qué valoración hacen del recurso a entidades como Correos, Seguridad Social o TRAGSA para apoyar estas tareas?

Es otro parche más. Se está recurriendo a organismos como Correos o incluso a empresas públicas como TRAGSA, pero sus trabajadores no son empleados públicos. Su función se limita a la recepción de documentación; no pueden tramitar expedientes ni tomar decisiones. Eso significa que el cuello de botella sigue existiendo y no se soluciona el problema real.

¿Cómo afecta esta situación a la calidad del servicio público?

La calidad del servicio se resiente claramente. En Baleares hay niveles de vacantes muy elevados. Lo dicho en Extranjería son 17 puntos por encima de la media estatal. Nadie quiere venir aquí. Esto provoca sobrecarga de trabajo y deterioro en la atención. Además, cuando los trabajadores tienen la oportunidad, se marchan a otros destinos con mejores condiciones.

Los funcionarios del Estado destinados aquí acaban huyendo. Somos el caso más delicado de España. ¿A qué esperan los políticos?

Nadie quiere venir aquí y eso que es -¿era?- el Paraíso...

Pero es que las condiciones económicas y laborales son imposibles. Desde hace más de 20 años se reclama una equiparación con territorios como Canarias, Ceuta y Melilla en materia de complementos. Aunque está previsto revisar al alza el complemento de insularidad en 2026, llega tarde para una situación que ya es crítica. Y eso si cumplen.

Habla de condiciones económicas pírricas. Dé datos.

Es un factor clave. Por poner un ejemplo, en el grupo C2, que corresponde a auxiliares administrativos, preparar una oposición puede llevar hasta dos años. Sin embargo, una vez que se accede al puesto, el salario ronda los 1.300 euros mensuales, apenas unos 80 euros por encima del salario mínimo. ¿Quién vive en Baleares con ese sueldo? Nadie, se sobrevive a duras penas y se huye en cuanto hay una posibilidad de traslado.

¿Existe también un problema de envejecimiento de la plantilla?

Sí, y es muy preocupante. Aproximadamente el 65 % del personal tiene más de 50 años. Esto significa que en los próximos años habrá un volumen importante de jubilaciones, lo que agravará aún más la falta de efectivos si no se toman medidas con antelación.

Usted ha advertido del riesgo de colapso, en especial con este proceso regulatorio masivo. ¿Es un escenario realista?

Sí, es un riesgo real. Baleares es una de las comunidades con mayor crecimiento demográfico, pero cuenta con menos funcionarios en proporción que otras regiones. Si no se adoptan medidas estructurales urgentes, el sistema puede entrar en colapso, especialmente ante una campaña de regularización de gran escala como la que se plantea.