Pagar mejor a nuestros políticos
Si queremos que los mejores profesionales se dediquen a la política y acabar con su impúdica colonización por incompetentes, siervos de partido, pelotas, sinvergüenzas, puteros y Torrentes, no queda más remedio que tratarlos bien
Con independencia de la opinión personal que se tenga sobre nuestros líderes políticos, y de la demagogia recurrente en el tema de los sueldos públicos, es un hecho evidente que muchos cargos están pésimamente pagados. Y me refiero especialmente a quienes desempeñan altas funciones ejecutivas como el presidente del Gobierno, sus ministros, subsecretarios y secretarios de Estado, los presidentes y consejeros de las Comunidades Autónomas y los alcaldes de grandes ciudades. Excluyo a los directivos de las grandes empresas públicas, en las que se da la inexplicable paradoja de que Marga Prohens, Llorenç Galmés, Jaime Martínez o Pedro Sánchez, que ganan aproximadamente 80.000 euros anuales, pueden designar a personas que ganan muchísimo más (como Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, que gana 540.000).
Siendo plenamente consciente de que nado a contracorriente, voy a ofrecer unos cuantos argumentos para defender que los más altos cargos ejecutivos de cualquier Administración pública, entre ellas las de Baleares, deberían estar mejor retribuidos. El primer argumento es del de la responsabilidad. Para exigir a alguien un adecuado desempeño de una labor pública primero hay que pagarle bien. En un mundo rectamente organizado, todos los derechos deben ir acompañados de sus correlativas obligaciones. Y para ser muy exigente con todas éstas, aquéllos nunca deberían quedarse atrás.
Un segundo argumento es el del equilibrio o correlación. No tiene sentido que dirigentes que ganan anualmente 80.000 euros elaboren y manejen presupuestos millonarios (el techo de gasto de Baleares para 2026 se acerca a los 7.000 millones y el presupuesto de Palma es de 600 millones). Quien decide el destino de grandes cantidades de dinero público tiene que tener garantizado un adecuado sustento privado. O de lo contrario aparecen sobres, chistorras y tentaciones.
Corre la sospecha de que muchas decisiones relevantes (...) están más condicionadas por intereses pecuniarios de quienes las adoptan que por los intereses estratégicos del Estado"
Un tercer argumento es el del interés prioritario. Como comprobamos analizando la actividad lobista de antiguos presidentes y altos cargos, unos gobernantes mal pagados tratan de utilizar su poder —y los múltiples contactos generados a través de él— para garantizarse una vida holgada tras abandonar sus cargos públicos. Corre la sospecha de que muchas decisiones relevantes del actual Gobierno estatal, como el entreguismo con Venezuela, Cuba y Marruecos o la elección preferente de China como proveedor tecnológico de nuestra Administración, están más condicionadas por intereses pecuniarios de quienes las adoptan que por los intereses estratégicos del Estado que deberían defender.
Y un cuarto argumento es el de la excelencia. Si queremos que los mejores profesionales puedan dedicarse a la política, y acabar con su impúdica colonización por incompetentes, siervos de partido, pelotas o funcionarios -con todos los respetos- aspirantes a engordar su currículum, descartando además a sinvergüenzas, puteros y Torrentes, no queda más remedio que remunerarlos y tratarlos bien. Y no solo con dinero, sino prestigiando el servicio público para que no siga espantando a los mejores por su elevado coste reputacional.
La política debe ser una dedicación temporal al servicio público, no un oficio permanente por puro interés privado de gente que no tiene otro lugar a donde ir.
