El informe del Consell de Ibiza certifica la «puerta giratoria» de Podemos con la entidad Amadiba

Un demoledor informe interno del Consell de Ibiza, redactado por tres altos funcionarios de la institución, pone al descubierto los engranajes de la polémica implantación de la entidad Amadiba en la isla durante la pasada legislatura de PSOE y Podemos, entre 2016 y 2019.

El documento, que ha ido desgranando El Debate señala a la entonces directora insular de Igualdad, Judith Romero (Podemos), como «figura clave» en una estrategia diseñada para otorgar «ventajas» a la asociación privada, vinculando además su papel institucional con una posterior «puerta giratoria».

Según el texto, Romero terminó a sueldo de la propia entidad tras participar activamente en el despliegue de unos servicios sociales diseñados presuntamente a medida, todo ello bajo el mandato del expresidente socialista Vicent Torres, quien habría ordenado «hacer todo lo necesario» para favorecer el desembarco de la concesionaria.

Una figura 'clave'

Judith Romero ocupó el cargo de directora insular de Igualdad y Relaciones con las Entidades Sociales entre octubre de 2015 y julio de 2019, dentro del Departamento de Bienestar Social entonces dirigido por su compañera de partido, Lydia Jurado.

El informe recuerda que en julio de 2016 tanto Jurado como Romero participaron en Palma en una reunión con responsables de Amadiba y de la Federación FOQUA. Un encuentro del que, según el informe, partiría toda la estrategia para que la entidad pudiera implantarse en Ibiza con su propia hoja de ruta y con presuntas ventajas frente a otras entidades sociales que pudieran haber estado interesadas.

Los autores del documento vinculan en distintos puntos del informe esta reunión con el despliegue de una cartera de servicios sociales centrada «curiosamente» en los colectivos atendidos por Amadiba. En todo este proceso Judith Romero participó activamente en calidad de directora insular, según el informe.

Dos años después de abandonar el Consell y con el escándalo ya en la calle del impago a Amadiba de la deuda por algunos de los servicios prestados, la entidad social solicitó una subvención a la institución insular y, entre la documentación aportada, figuraba «como documento justificativo nómina de esta persona relativa al mes de febrero de 2021 y su justificante de pago» (página 8 del informe).

Los tres altos funcionarios que firman este documento indican en el que mismo que, además, cuando Romero tuvo que dar explicaciones para el informe, lo hizo ante notario y dejando claro que el proyecto de Amadiba de implantarse en Ibiza había contado con el apoyo del entonces presidente insular, Vicent Torres (PSOE): «Encargó al Departamento de Bienestar Social hacer todo lo necesario para que el 1 de julio de 2017 fuese una realidad que los usuarios pudieran estar atendidos en la isla por Amadiba, a través de la implantación de todos los recursos que la entidad iba a crear». Una declaración que según figura en la página 95 del informe, realizó cuando ya trabajaba para Amadiba.

Compromiso ético

En la página 96 del documento, los tres altos funcionarios recuerdan que el Compromiso Ético y de Conducta del Consell Insular de Ibiza establece que quienes hayan ejercido un cargo público no podrán beneficiarse de este tras abandonar la institución: «No podrán utilizar en ningún caso la posición institucional o las prerrogativas derivadas del cargo con la finalidad de obtener, directa o indirectamente por sí mismas o por cualquier otra persona o entidad, un trato favorable o unas condiciones mejores que el resto de la ciudadanía tanto para su beneficio personal inmediato como futuro una vez abandonada su responsabilidad pública». Este Compromiso Ético y de Conducta fue aprobado en 2016, cuando PSOE y Podemos gobernaban la institución.

La acumulación de estos elementos lleva a los autores del informe a situar el foco no sólo en las decisiones políticas adoptadas durante la implantación de los servicios de Amadiba en Ibiza, sino también en las relaciones posteriores entre la entidad y antiguos responsables del área de Bienestar Social del Consell.

Una factura que nadie quiere pagar

Este escándalo se remonta a la legislatura de PSOE y Podemos (2015-2019), cuando el Consell de Ibiza contrató a la entidad Amadibade forma irregular. En lugar de hacer un concurso público legal, se optó presuntamente por un «traje a medida». Tras el cambio de Gobierno en 2019, el PP se encontró con una factura de 2,2 millones de euros que ningún funcionario quiere firmar por sus dudas sobre la legalidad del proceso.

Este caso, que ya ha provocado la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado (Podemos), por un presunto delito de prevaricación.

Bajo el mandato de Jurado, se habrían adjudicado servicios a medida, según describen fuentes conocedoras del expediente. Durante años, los pagos se fueron sorteando mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda o esquivando las advertencias de la Intervención. El problema estalló cuando los técnicos se negaron a darle el plácet. La factura sigue engrosando por los intereses.