La Fiscalía presentó una denuncia contra Amadiba por presunta falsedad documental y tentativa de estafa

El informe interno del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba, redactado por tres altos funcionarios de la institución insular, recoge que la Fiscalía presentó una denuncia contra la entidad y su representante legal por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y tentativa de estafa relacionados con subvenciones públicas. El documento, que ha ido desglosando El Debate, detalla que estas actuaciones derivan de unas diligencias de investigación penal iniciadas tras una denuncia presentada desde el propio Consell en 2019 por hechos ocurridos en 2018, como se desprende de la página 125 del informe.

Según este documento, la Fiscalía abrió las diligencias de investigación penal 44/19 «por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento oficial y un delito de estafa en grado de tentativa» y requirió posteriormente más documentación al Consell Insular de Ibiza. Tras analizar esta documentación, el Ministerio Público acabó interponiendo una denuncia «contra la entidad Amadiba y su representante legal» por la presunta comisión de un delito de «falsedad en documento oficial» previsto en el artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º, así como por un presunto delito de «estafa en grado de tentativa» de los artículos 249 y 16 del Código Penal (pág. 125 del informe).

El propio documento añade que esta denuncia dio lugar a las diligencias previas 791/20, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, tal y como consta en la página 125 del informe.

Subvenciones convocadas por un gobierno insular de PSOE y Podemos

El documento también relaciona estas actuaciones con subvenciones convocadas por el Consell, por entonces bajo el gobierno del PSOE y Podemos, y con un supuesto trato de favor hacia la entidad durante el proceso de implantación de sus servicios en Ibiza. En este sentido, los autores del documento señalan que en los escritos remitidos a Fiscalía ya se advertía de un «posible trato de favor hacia Amadiba» y de unos presuntos hechos de falsificación vinculados a una línea de subvenciones concreta (pág. 126 del informe).

Además, el informe sostiene que la denuncia remitida por la Presidencia del Consell a la Fiscalía en junio de 2020 hacía referencia a la posible existencia de un plan preconcebido para favorecer la implantación de Amadiba en Ibiza y garantizar su financiación «en lugar de haber seguido desde un principio los procedimientos legalmente establecidos». En este sentido, el documento señala que «se denunciaban una serie de hechos e irregularidades que hablaban de un plan orquestado con la entidad para favorecerla».

«Un plan orquestado»

El documento lo expresa en los siguientes términos: «lo que dio lugar a la interposición del escrito ante la Fiscalía fue la ‘posible existencia de un plan preconcebido, de una avenencia para favorecer la implantación de esta entidad en la isla de Ibiza, asegurándole o garantizándole su financiación (en lugar de haber seguido desde un principio los procedimientos legalmente establecidos’ (…) Se denunciaban una serie de hechos e irregularidades que hablaban de un plan orquestado con la entidad para favorecerla» (pág. 126 del informe).

El informe distingue entre las diligencias vinculadas a la presunta falsedad documental y otras actuaciones relacionadas con posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, estas últimas archivadas por la Fiscalía al no apreciar indicios suficientes de delito (págs. 11 y 126 del informe).

El documento, finalmente, deja constancia de que las investigaciones en torno a la relación entre el Consell Insular de Ibiza y Amadiba no se limitaron únicamente a posibles irregularidades administrativas, sino que también dieron lugar a actuaciones penales relacionadas con la documentación presentada por la entidad en el marco de subvenciones públicas. Además, refleja cómo la relación de esta entidad social con el Departamento de Bienestar Social, en manos de Lydia Jurado (Podemos), tensó la relación con el PSOE (socio de gobierno) y con parte de los funcionarios de la institución.

El caso

Como ha ido informando este diario, durante la pasada legislatura y bajo el gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos, 2015-2019) se contrató a la empresa Amadiba para la gestión de recursos sociales clave. Sin embargo, en lugar de acudir al farragoso pero legal camino del concurso público, la publicidad y la concurrencia, el Consell optó presuntamente por un «traje a medida». Cuando en 2019 llegó el PP al poder, encontró una factura por pagar que ya suma 2,2 millones de euros -y sigue generando intereses- y que ningún funcionario con firma se atreve a firmar porque tienen muchas dudas sobre su legalidad.

Este caso, que ya ha provocado la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado (Podemos), por un presunto delito de prevaricación, dibuja un escenario de presunta «confabulación» y desprecio por los procedimientos administrativos.

Bajo el mandato de Jurado, se habrían adjudicado servicios «a capón», según describen fuentes conocedoras del expediente. Durante años, los pagos se fueron sorteando mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda o esquivando las advertencias de la Intervención. El problema estalló cuando los técnicos se negaron a darle el plácet. La factura sigue engrosando por los intereses.