Sánchez cumple su amenaza y pedirá al Constitucional que suspenda la derogación de la ley de memoria balear

Dicho, hecho y a punto de ejecutado. El Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares impulsada por el Govern de Marga Prohens, en un nuevo choque institucional entre Ejecutivos, que tiene mucho de estrategia ideológica y más de agitación de su parroquia. Quedan un año para elecciones.

La decisión, según informó este viernes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, será elevada próximamente al Consejo de Ministros, aunque el departamento que dirige Ángel Víctor Torres no ha precisado todavía la fecha concreta.

El Ejecutivo central interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la ley balear después de que, según sostiene el Ministerio, «el Govern haya rechazado abrir una vía de negociación». Torres había emplazado al Ejecutivo autonómico a mantener una reunión «para tratar de encontrar una salida», pero el Govern «ha declinado» la propuesta planteada por el Estado «para la restitución íntegra de la ley». No hay camino posible: el Parlament ya habló y la mayoría de PP y Vox tumbó la ley de Armengol el pasado mes de marzo.

Ante ese escenario, el Gobierno ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado, trámite previo necesario para formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya ocurrió en otras comunidades autónomas que derogaron sus leyes de memoria. Mientras tanto, el Ejecutivo solicitará la suspensión cautelar de la derogación, una medida que ya ha sido aplicada anteriormente en conflictos similares relacionados con normativa memorialista.

El recurso, según expone el Ministerio, se fundamentará en que la supresión de la norma autonómica vulnera «principios constitucionales esenciales» y también las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El departamento de Torres considera asimismo que la desaparición de este marco normativo supone un «menoscabo» del estatuto jurídico de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, afectando —a juicio del Gobierno— a derechos vinculados con la dignidad humana y la integridad moral recogidos en la Constitución.

La Ley de Fosas sigue vigente

No obstante, el comunicado ministerial introduce una afirmación que desde Baleares rechazan por inexacta. El Ministerio asegura que entre los aspectos afectados por la derogación figuran «las políticas de localización e identificación de desaparecidos». Sin embargo, la Ley de Fosas de Baleares continúa plenamente vigente y no fue derogada, por lo que los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de víctimas siguen desarrollándose con normalidad al amparo de esa normativa específica.

De hecho, varios expertos en memoria histórica habían advertido ya de que la eliminación de la ley autonómica tendría escasas consecuencias prácticas. Entre ellos, el historiador Manuel Aguilera -colaborador de El Debate- sostuvo que la norma balear estaba «desprovista de recorrido» porque buena parte de las medidas efectivas ya quedan cubiertas por la legislación estatal.

«No habrá grandes consecuencias porque hay una ley nacional de memoria que prevé multas de hasta 150.000 euros para la exaltación del franquismo o las ofensas a las víctimas», explicó Aguilera. Según recordó, el actual Govern mantiene además las políticas de búsqueda de desaparecidos sustentadas en la Ley de Fosas, así como las actuaciones vinculadas a placas y reconocimientos a víctimas.

Una ley que nació enfrentando

La ley derogada por el PP de Prohens y el Vox de Le Senne nació en 2018 durante el segundo Govern del Pacte, integrado por PSOE y Més y con el apoyo externo de Podemos. La norma salió adelante sin consenso parlamentario y ya entonces quedó marcada por la división política. Aunque el texto reconocía formalmente a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, sus detractores sostienen que posteriormente se aplicó de manera parcial. Aguilera recuerda, en este sentido, que en 2020 PSOE y sus socios votaron en contra en el Ayuntamiento de Palma de un homenaje a las víctimas de los bombardeos de la aviación republicana sobre Mallorca. «Incumplieron su propia ley. Es de una gravedad extrema», sostiene el historiador.

El pasado octubre, cuando Prohens anunció la intención de recuperar del olvido a las víctimas de aquellos bombardeos, la izquierda se sublevó. Desde sectores memorialistas vinculados al anterior Ejecutivo se defendió entonces que durante la etapa de Francina Armengol ya se habían realizado estudios sobre estas víctimas. Aguilera, sin embargo, matiza que aquellos trabajos se centraron únicamente en los daños materiales causados por los ataques y no en la identificación individual de los fallecidos.

A su juicio, el principal conflicto alrededor de la ley no residía tanto en su redactado como en su interpretación política. «La ley en sí no era sectaria porque reconocía a todas las víctimas de la guerra y la dictadura. El problema fue el uso que se hizo de ella», resume.

Ahora, el Gobierno de Sánchez pugna por resucitarla por la vía del Constitucional.