Baleares pide al Supremo la suspensión de la regularización masiva: «Sánchez invita y los ciudadanos pagan»

El Govern balear pedirá al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes mientras que resuelve el recurso contencioso-administrativo que tiene previsto interponer próximamente. Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa. «Desde el primer momento hemos avisado de la presión sobre los servicios públicos esenciales que este proceso supondría», ha afirmado. En este sentido, ha defendido que la «responsabilidad y obligación» del Govern es «defender los intereses de los ciudadanos de las Baleares» y, aunque ha evitado ofrecer cifras concretas, ha asegurado que las estimaciones del Govern apuntan a que el impacto será «muy significativo, muy significativo». "Claro que afecta, esas personas vivirán aquí, como es lógico”, ha recalcado.

Costa ha defendido la necesidad de «reflexionar sobre la transformación del modelo de crecimiento» de Baleares y ha señalado que durante años ha existido «una relación directa entre aumento poblacional y necesidad de mano de obra». El portavoz ha reconocido que «el principal atractivo de Baleares es precisamente tener un puesto de trabajo».

¿Tú invitas y yo pago?

Una de las grandes quejas es que la regularización no va acompañada de financiación. Lo que coloquialmente se conoce como 'tú invitas y yo pago la fiesta'. El portavoz ha denunciado que el coste recaerá íntegramente sobre las comunidades autónomas. Esta medida, dice, «no irá acompañada de ni una sola compensación económica por parte del Gobierno de España», pese a que supondrá «más presión sobre nuestros servicios y un incremento del gasto» en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

"Vivimos constantemente esa situación de que el Gobierno central invita y los ciudadanos de Baleares pagan». A su juicio, esta forma de actuar constituye «una deslealtad institucional impropia del Gobierno central», ya que las comunidades autónomas terminan asumiendo competencias y gastos derivados de decisiones estatales sin recibir financiación adicional.

Costa cree que el Gobierno central mira "hacia otro lado y no aporta ni un euro adicional» mientras Baleares debe afrontar un incremento «muy significativo» del gasto.

Acción jurídica

El Govern solicitará además la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el procedimiento judicial y sostiene que existen «argumentos jurídicos válidos» para acudir al Tribunal Supremo. «Creemos que tenemos todo el derecho a presentar este recurso y defender los intereses de los ciudadanos de Baleares», ha afirmado, insistiendo en que serán finalmente «los tribunales quienes decidan».

El portavoz también ha subrayado que el Ejecutivo autonómico no comparte «los criterios con los que se hace esta regularización extraordinaria», especialmente porque, «ya existe un procedimiento ordinario de regularización».

Además, ha defendido que Baleares tiene derecho a recurrir esta decisión aunque otros recursos similares presentados por otras comunidades autónomas no hayan prosperado hasta ahora. En este sentido, ha insistido en que la Abogacía de la comunidad autónoma ha elaborado una argumentación «estrictamente jurídica» y basada en la defensa de las competencias y los intereses generales de Baleares.