Baleares denuncia que la ministra García,«sola y anestesiada», ignora la situación «más grave» que vive España

La huelga de médicos derivada del conflicto en torno al nuevo Estatuto Marco se ha convertido, según el Govern balear, en el episodio más grave que atraviesa España. Así lo ha manifestado la consejera de Salud y Consumo del Ejecutivo autonómico, Manuela García, quien ha elevado el tono de sus críticas hacia el Ministerio de Sanidad y ha expuesto la carísima factura que le cuesta al erario público esta acción, consecuencia de una ministra «sola y anestesiada».

Cuando se cumple prácticamente un año desde el inicio de las movilizaciones de los profesionales sanitarios contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, la preocupación crece entre las comunidades autónomas por las consecuencias asistenciales, económicas y organizativas que está generando el conflicto. En el caso de Baleares, las cifras reflejan una afectación considerable tanto para los pacientes como para las arcas públicas. Según ha explicado García, desde el comienzo de la huelga se han suspendido alrededor de 77.000 actuaciones sanitarias en las Islas. Se trata de consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones y otros procedimientos que han tenido que ser reprogramados debido a los paros convocados por los facultativos. A esta cifra se suma un impacto presupuestario acumulado que supera ya los 10 millones de euros.

La consejera advierte además de que la situación continúa agravándose. Sólo durante la presente semana, la Conselleria estima que podrían suspenderse otras 15.000 actuaciones sanitarias adicionales, con un coste económico aproximado de 2,5 millones de euros. Un escenario que, a juicio del Govern, amenaza con seguir incrementando las listas de espera y tensionando aún más un sistema sanitario que ya arrastra importantes dificultades para captar y fidelizar profesionales.

García considera especialmente preocupante la actitud que, a su juicio, está manteniendo el Ministerio de Sanidad ante un conflicto que afecta a todo el territorio nacional. La responsable autonómica sostiene que la huelga ha sido propiciada por la gestión realizada desde el departamento que dirige la ministra de Sanidad y lamenta que el Gobierno central no esté mostrando la implicación necesaria para resolver una crisis que afecta directamente a los ciudadanos.

«La sensación es que el Ministerio está anestesiado y que actúa como si esta situación no fuera con él», ha señalado la consejera, quien asegura que existe una inquietud compartida entre todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político. Según ha explicado, los gobiernos regionales observan con preocupación las consecuencias que el conflicto está teniendo sobre los profesionales, los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Uno de los elementos que más destaca el Govern es el creciente aislamiento del Ministerio en la negociación. García recuerda que no solo los sindicatos médicos han rechazado el texto del Estatuto Marco, sino también otras organizaciones sindicales que inicialmente habían participado en las negociaciones. Según sostiene, los representantes de los trabajadores consideran que el documento finalmente remitido al Consejo de Ministros difiere sustancialmente de las versiones que habían sido objeto de diálogo previo.

La consejera subraya que el rechazo se extiende a sindicatos como SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CSIF, que también han expresado sus críticas al contenido del texto. A ello añade la oposición mostrada por numerosas comunidades autónomas, que han reclamado reiteradamente modificaciones y una negociación más amplia.

Desde Baleares se insiste en que existen tres aspectos fundamentales que deberían haberse abordado antes de impulsar una reforma de esta envergadura. El primero es la elaboración de una memoria económica que permita conocer con exactitud el coste real de las medidas planteadas. El segundo, garantizar la seguridad jurídica del texto. Y el tercero, coordinar cualquier modificación con los ministerios de Función Pública y Hacienda, cuya participación resulta imprescindible para abordar mejoras laborales y retributivas que afectan al conjunto de empleados públicos.

La ausencia de estos elementos, según el Govern, ha contribuido a enquistar un conflicto que se prolonga ya desde hace meses y que amenaza con seguir deteriorando la asistencia sanitaria. García sostiene que las comunidades autónomas tienen un margen de actuación limitado porque el Estatuto Marco constituye la normativa básica común para todo el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, corresponde al Ministerio liderar la negociación y buscar una solución.

Mientras tanto, las consecuencias recaen directamente sobre los usuarios de la sanidad pública. Cada jornada de huelga supone nuevas cancelaciones, retrasos y reprogramaciones que afectan a miles de pacientes. En una comunidad como Baleares, donde la escasez de profesionales sanitarios constituye uno de los principales problemas estructurales del sistema, la prolongación del conflicto añade una presión adicional sobre hospitales y centros de salud.

Por ello, el Govern considera urgente alcanzar un acuerdo que permita poner fin a una huelga sin precedentes recientes. De hecho, la consejera asegura que no se recuerda una movilización de estas características desde 1995. Un dato que, a su juicio, refleja la magnitud de una crisis que ha trascendido el ámbito laboral para convertirse en un problema de primer orden para la sanidad pública española.