La batalla por el mar balear llega a la Fiscalía

Hubo un tiempo en que fondear en una cala de Baleares (para propios y, entonces, pocos ajenos) era un pasatiempo habitual. Bastaba con conocer el viento, buscar una mancha de arena y echar el ancla. El mar era «de todos», imperfecto y libre, donde convivían pescadores, navegantes de fin de semana, familias y turistas. Hoy, sin embargo, muchos aficionados a la náutica tienen la sensación de que ese mundo se ha desvanecido. O dicho en lenguaje más cercano al asunto: esa realidad hace aguas por todos lados.

Cada verano resulta más caro navegar. Conseguir un amarre se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los costes se multiplican. Los espacios disponibles se reducen, y en esas zonas donde antes había zonas de fondeo libre aparecen cada vez más campos de boyas reguladas y de pago.

La transformación no ha ocurrido de golpe. Ha sido un proceso lento, impulsado por razones diversas: la presión turística, la saturación del litoral, la necesidad de proteger ecosistemas vulnerables como la posidonia y la creciente demanda de servicios náuticos. Pero el resultado es evidente para muchos usuarios del mar: acceder a él exige hoy más dinero, más trámites y más limitaciones que hace apenas una década. La situación ha llegado a un punto de tensión que trasciende el debate ambiental. Lo que está en discusión no es únicamente cómo proteger la costa, sino quién puede disfrutarla y en qué condiciones.

Denuncia ante Fiscalía

La reciente denuncia presentada por la asociación ADN Mediterráneo ante la Fiscalía Anticorrupción es la expresión más visible de ese conflicto. La entidad acusa a responsables de PortsIB de continuar desarrollando actuaciones relacionadas con nuevos campos de boyas ecológicas mientras una licitación de más de 5,8 millones de euros permanece suspendida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Según la asociación, la formalización de contratos menores para instalar campos de fondeo incluidos en esa licitación y la aprobación de una prórroga extraordinaria para explotar otros ocho campos de boyas podrían constituir actuaciones contrarias al espíritu de la contratación pública. La Fiscalía deberá determinar si existen o no irregularidades.

Divorcio

Lo que deja claro este episodio es el divorcio total entre administración y una parte significativa de los navegantes. Las autoridades defienden que la expansión de los campos de boyas responde a una necesidad ambiental, es decir, la preservación de la posidonia oceánica —la mayor planta existente, que es crucial para la salud del Mediterráneo y su irrepetible color turquesa— y que ha sufrido durante años el impacto de fondeos incontrolados. Su protección se ha convertido en una prioridad institucional y cuenta con un amplio consenso científico.

La cuestión es que los navegantes también reconocen esa necesidad, pero creen que bajo el paraguas de la protección ambiental se está consolidando un modelo que restringe progresivamente el acceso libre al mar. La crítica no se dirige tanto contra las boyas como contra su proliferación. Allí donde desaparecen espacios de fondeo libre sobre arena, aparecen zonas gestionadas, tarifadas y sujetas a disponibilidad. El mar deja de ser aquello de «para todos» para convertirse en un servicio.

El mar «para gent d'aquí»?

El fenómeno tiene consecuencias especialmente visibles en la llamada náutica social y familiar. No afecta tanto a los grandes yates o a las embarcaciones de lujo, cuyos propietarios pueden asumir sin dificultad los costes crecientes del sector, sino a las familias de «tota sa vida», con pequeñas embarcaciones que salen algunos fines de semana al año y entienden la navegación como una actividad popular ligada a la cultura insular. Para ellos, cada nueva tarifa, cada reducción de espacios disponibles y cada dificultad añadida supone una barrera más.

Y eso no gusta entre los locales. Baleares ha construido buena parte de su identidad en torno al mar. La navegación recreativa, la pesca tradicional y la vida costera forman parte del imaginario colectivo de las islas. Cuando amplios sectores de la población sienten que el acceso a ese patrimonio común se complica, emerge una sensación de pérdida difícil de cuantificar en estadísticas.