Las medidas han sido aprobadas este viernes en Consell de Govern

Las medidas han sido aprobadas este viernes en Consell de GovernSTEVE DEBENPORT

Administración Pública

Baleares fija por primera vez criterios para premiar con pluses a los empleados públicos más productivos

La medida busca impulsar una Administración orientada a resultados mientras el Ejecutivo convoca casi 500 plazas para reducir la temporalidad

El Govern balear quiere darle la vuelta al calcetín a la Administración pública. La estrategia se apoya en dos grandes pilares aprobados este viernes y el anterior por el Consell de Govern. Por un lado, la creación de un sistema objetivo para premiar el rendimiento, la iniciativa, el esfuerzo y los resultados de los empleados públicos mediante complementos de productividad. Por otro, una nueva oferta de empleo público de 471 plazas destinada a seguir reduciendo la elevada temporalidad que todavía arrastra la Administración autonómica.

La medida más novedosa es, sin duda, la relacionada con la productividad. Hasta ahora, la Administración autonómica carecía de unos criterios objetivos y homogéneos para asignar este complemento retributivo. Con los acuerdos aprobados por el Govern, se fijan por primera vez las reglas que permitirán reconocer económicamente el grado de interés, la iniciativa, el esfuerzo, el rendimiento y los resultados obtenidos por funcionarios y personal laboral en el ejercicio de sus funciones.

La decisión supone un cambio relevante en la cultura organizativa del sector público balear, ya que no todos los desempeños profesionales deben valorarse de la misma manera y que la calidad del trabajo realizado podrá tener reflejo económico. El complemento se concibe como una herramienta para incentivar la mejora continua, elevar la calidad de los servicios públicos y favorecer el cumplimiento de los objetivos fijados por cada organismo o entidad.

El Govern insiste además en que el sistema estará basado en criterios objetivos y transparentes, con el propósito de crear un marco homogéneo para toda la Administración autonómica y para el sector público instrumental. La medida responde, además, a un mandato recogido en la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma, que permitía aplicar este complemento siempre que previamente se aprobaran los criterios de asignación.

No será consolidable

No obstante, el nuevo incentivo tendrá límites. Su concesión dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de las restricciones establecidas por la normativa vigente. Además, el complemento no será consolidable, lo que significa que no generará derechos adquiridos para ejercicios futuros ni se incorporará de forma permanente a la nómina de quienes lo perciban.

Paralelamente, el Consell de Govern aprobó hace días la oferta de empleo público de 2026 para el personal funcionario y laboral de los servicios generales de la Comunidad Autónoma. La convocatoria contempla un total de 471 plazas, 407 plazas de acceso libre y otras 64 destinadas a promoción interna. Del total de plazas de turno libre, 387 corresponden a personal funcionario y 20 a personal laboral. En el caso de la promoción interna, 55 plazas serán para funcionarios y nueve para personal laboral.

Lucha contra la temporalidad

La convocatoria se enmarca dentro del Plan Estratégico de Función Pública y del instrumento de planificación plurianual 2025-2026 diseñado específicamente para reducir la temporalidad por debajo del 8 %, uno de los principales objetivos que se ha marcado el Govern para los próximos años. Para alcanzar esa meta, la oferta incorpora una tasa específica que permite sacar a concurso puestos actualmente ocupados por personal interino o temporal y que no podrían incluirse mediante la tasa ordinaria de reposición. De hecho, 177 de las plazas previstas forman parte directamente de esta estrategia extraordinaria de estabilización del empleo público.

La Administración autonómica reconoce que, pese a los avances registrados durante los últimos años, la temporalidad continúa siendo uno de sus principales problemas estructurales. Actualmente alcanza el 38,4 % entre el personal funcionario y el 42 % entre el personal laboral, porcentajes todavía muy alejados del objetivo marcado por el Ejecutivo.

Otro de los mensajes que subraya el Ejecutivo es que esta oferta pública no supondrá un incremento del gasto. La razón es que la mayoría de las plazas ya están ocupadas actualmente por personal interino, por lo que el coste salarial ya existe y lo que se pretende es transformar empleo temporal en empleo estable mediante procesos selectivos ordinarios.

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