Jueces, abogados y funcionarios se levantan contra la Ley Bolaños: «La Justicia está peor que nunca»

En Baleares, la Ley Bolaños no gusta ni al vigilante de seguridad que custodia la rampa de acceso a los juzgados de Vía Alemania. «No oigo más que quejas y malestar. Por algo será», resume con la naturalidad de quien lleva meses viendo desfilar por delante de su puesto a jueces, funcionarios, abogados, procuradores y ciudadanos. Él es una pieza más dentro del gigantesco engranaje de la Administración de Justicia, pero la sensación que describe coincide con la de quienes conforman el corazón del sistema: los jueces que dictan las resoluciones, los funcionarios que tramitan miles de expedientes y los abogados que defienden a los ciudadanos. Todos han llegado a una conclusión prácticamente idéntica sobre la gran reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños: la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia ha desembocado en más retrasos, más desorganización y más problemas de los que prometía resolver.

La última voz en sumarse a las críticas ha sido una de las más autorizadas, el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, decano de los jueces de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial mayoritaria en España, sostiene que la reforma se puso en marcha sin medios suficientes, sin planificación adecuada y sin escuchar a quienes debían aplicarla. Su conclusión es demoledora: «La idea era abaratar la Justicia y que más o menos funcionase como funcionaba. Yo creo que en eso no les ha salido bien porque actualmente funciona peor».

Un informe demoledor

Su diagnóstico no se limita a una opinión personal. Está respaldado por un informe oficial elaborado por la Presidencia del Tribunal de Instancia de Palma, remitido al Ministerio de Justicia y al que ha tenido acceso El Debate, en el que se documentan retrasos, déficits de personal, incidencias tecnológicas, vacantes sin cubrir y un aumento de la pendencia en jurisdicciones clave. El documento concluye que el sistema sigue funcionando gracias al «esfuerzo sostenido» de jueces, letrados y funcionarios, pero advierte de que ese sobreesfuerzo no puede confundirse con normalidad. Porque una cosa es que la Justicia siga abierta y otra muy distinta que esté funcionando como debería.

El magistrado considera que la implantación se ha realizado de manera precipitada y sin atender las advertencias de quienes trabajan diariamente en los juzgados. «Se implantó a toda prisa, sin escuchar a quienes trabajamos dentro del sistema», denuncia. Según explica, los problemas de coordinación son tan básicos que incluso los propios empleados públicos encuentran dificultades para localizar a compañeros, conocer la situación de determinados procedimientos o identificar quién es el responsable de determinadas actuaciones. «Los empleados públicos no saben con quién contactar, a quién llamar o dónde está cada asunto. No tenemos ni siquiera un directorio actualizado que permita comunicarnos entre nosotros con normalidad», lamenta.

El magistrado insiste en que buena parte de la energía de los juzgados se está destinando a mantener en pie la nueva estructura organizativa en lugar de resolver asuntos. «Estamos dedicando muchos recursos a organizarnos. Vamos a peor, se resuelve más tarde y no se ha reducido la litigiosidad. Al menos en Palma, está aumentando». La situación resulta especialmente preocupante en los juzgados de Instrucción, donde, según explica, las plantillas se han reducido drásticamente. «Antes tenían entre diez y doce funcionarios. Ahora tienen cinco o seis. Con la mitad de plantilla se tramita la mitad. Son matemáticas». Y rechaza de plano que el problema pueda atribuirse a una falta de implicación del personal. «La mayor parte de la gente trabaja muchísimo. Hay funcionarios quedándose por las tardes, moviendo ordenadores, trasladando mesas o intentando resolver incidencias para que esto funcione. Todo el mundo está arrimando el hombro».

¿Eficiencia? No: abaratamiento de la Justicia

Para el decano de los jueces de Palma, el problema es más profundo y afecta a la propia filosofía de la reforma. Considera que el objetivo principal ha sido reducir costes mediante una reorganización masiva de los recursos humanos y materiales. Un planteamiento que podría ser legítimo desde una perspectiva presupuestaria, pero que, a su juicio, no puede venderse como una mejora del servicio público. «Es una medida de ahorro. Lo que ocurre es que no podemos vender que esto es una mejora. Es más barato, sí. Pero como servicio es mucho peor», sentencia. En su opinión, la Justicia está siendo tratada como si pudiera funcionar bajo criterios industriales, cuando la realidad de los procedimientos judiciales exige precisamente lo contrario: atención individualizada, seguimiento constante y una estructura estable.

Las advertencias del decano encuentran respaldo en los datos recogidos por el informe oficial remitido al Ministerio de Justicia. El documento parte de una idea que desmonta uno de los argumentos habituales utilizados para defender la reforma: «Reorganizar no equivale a reforzar». La Presidencia del Tribunal de Instancia recuerda que la implantación del nuevo modelo se produjo sobre una estructura que ya arrastraba importantes problemas de sobrecarga y que, lejos de aliviar la situación, los primeros meses de funcionamiento han evidenciado carencias estructurales que continúan sin resolverse.

Instrucción y Civil, al borde del precipicio

Los números reflejan una realidad difícil de encajar con el discurso oficial de modernización. Los asuntos pendientes en el partido judicial de Palma pasaron de 69.209 en 2024 a 71.707 en 2025 pese a que durante ese mismo periodo se resolvieron más procedimientos que el año anterior. El incremento afecta a jurisdicciones especialmente sensibles. En Instrucción la pendencia pasó de 8.484 a 10.600 asuntos; en Social de 5.984 a 7.184; en Mercantil de 2.580 a 3.205; y en Familia de 1.838 a 2.141. Según advierte el informe, una reforma organizativa implantada sobre una estructura ya tensionada y sin una dotación suficiente de medios personales, materiales y tecnológicos corre el riesgo de consumir más recursos en reorganizarse que en prestar servicio efectivo al ciudadano.

La situación es especialmente preocupante en algunas áreas clave. El informe cifra en 34.890 los asuntos pendientes en Civil, mientras que el Servicio Común de Ejecución acumula 53.691 procedimientos en tramitación y más de 24.000 escritos pendientes de proveer. A ello se suman cuellos de botella en la incoación de asuntos, retrasos en citaciones, vacantes prolongadas y dificultades derivadas de la constante rotación de personal. La propia Presidencia alerta de que una plaza cubierta formalmente no equivale necesariamente a una plaza operativa, ya que pueden transcurrir meses hasta que un nuevo funcionario dispone de formación, experiencia y acceso a todas las herramientas necesarias para desempeñar plenamente sus funciones.

Un sistema informático del Pleistoceno

Pero quizá lo más llamativo del informe es que desciende hasta problemas que deberían estar resueltos en cualquier administración moderna. Los tres puestos destinados a la atención al público continúan vacantes; no existe una centralita telefónica eficaz; falta una página web informativa del Tribunal; se han eliminado cuentas de correo diferenciadas y los sistemas informáticos sufren incidencias recurrentes que ralentizan registros, repartos, citaciones, señalamientos y ejecuciones. El documento concluye que la oficina judicial «no dispone todavía de los medios personales, tecnológicos, materiales y organizativos necesarios» para prestar de forma estable el soporte que exige la función jurisdiccional.

Los abogados, también en pie de guerra

Las críticas no proceden únicamente de la judicatura. Hace apenas unos días, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) denunció que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 se había realizado de forma «precipitada» y «sin medios» materiales ni personales suficientes. Los letrados aseguran que la nueva organización judicial está generando demoras que afectan a todas las jurisdicciones, aunque con especial intensidad en el ámbito civil, y sostienen que las administraciones responsables deberían haber dimensionado adecuadamente los recursos humanos y materiales antes de poner en marcha una reforma de semejante alcance.

Los abogados denuncian además que el nuevo sistema carece de un canal unificado que permita conocer con claridad dónde se encuentra cada expediente y en qué estado de tramitación se encuentra, una circunstancia que dificulta enormemente el seguimiento de los procedimientos. A ello se suman las incidencias tecnológicas y los problemas de interoperabilidad entre sistemas informáticos que, según denuncian, se producen «día sí, día también». El Icaib considera que los actuales retrasos ya no pueden atribuirse únicamente a los problemas de adaptación propios de cualquier cambio normativo, sino que es la propia aplicación de la reforma la que está provocando suspensiones, aplazamientos y retrasos.

Especial preocupación genera entre los abogados la regulación de los nuevos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), introducidos con el objetivo de reducir la litigiosidad y aliviar la carga de trabajo de los juzgados. Según el Colegio, se han cumplido «los peores pronósticos». La falta de criterios homogéneos está generando interpretaciones diferentes entre órganos judiciales y partidos judiciales, incrementando la inseguridad jurídica y elevando el riesgo de inadmisión de demandas por discrepancias en la acreditación de los requisitos exigidos por la norma. Una situación que, advierten, resulta todavía más grave en Baleares debido a las dificultades para cubrir plazas de funcionarios por el elevado precio de la vivienda, un problema que alimenta la rotación permanente de personal y dificulta cualquier intento de reorganización interna.

Los sindicatos ya avisaron

No obstante, antes que jueces y abogados, fueron los propios funcionarios quienes emitieron su veredicto sobre la llamada Ley Bolaños. Una encuesta elaborada por CSIF entre más de 440 trabajadores de la Administración de Justicia en Baleares reflejó un rechazo prácticamente unánime a la reforma. La valoración global de la implantación apenas alcanzó un 1,9 sobre 4, mientras que la expectativa de mejora del servicio público obtuvo un exiguo 1,96 sobre 5.

Los empleados suspendieron todos los grandes indicadores asociados al nuevo modelo organizativo. La coordinación entre unidades recibió una nota de 1,74 sobre 5; la distribución de las cargas de trabajo apenas alcanzó un 1,83; y la supuesta mejora en la eficiencia de la tramitación quedó reducida a un 1,84. Más de siete de cada diez trabajadores aseguraron además que su puesto no estaba preparado cuando arrancó la reforma, mientras que solo un 29,1 % afirmaba conocer la relación de puestos de trabajo de su partido judicial y apenas un 36,6 % decía estar familiarizado con los protocolos de funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia. Más de la mitad de los encuestados reconoció recibir instrucciones contradictorias en su trabajo diario.

14 meses después de la puesta en marcha de la reforma, el diagnóstico en Baleares es unánime: Bolaños, suspendido.