La empresa tapadera de alquiler de barcos en Mallorca que blanqueó dinero de 3.500 estafas en Europa

La Operación Náutica, desarrollada por la Policía Nacional desde Palma durante los últimos dos años, ha destapado una organización criminal que utilizaba una supuesta empresa de alquiler de embarcaciones radicada en Mallorca para lavar el dinero procedente de estafas cometidas por toda Europa. La investigación se ha saldado con nueve detenidos en Palma y Barcelona, acusados de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y, en algunos casos, falsedad documental.

El elemento clave de la trama era una sociedad que aparentaba dedicarse al alquiler de barcos para turistas alemanes en Mallorca. Sobre el papel, se trataba de una más de las cientos que existen en la isla. Sin embargo, los investigadores comprobaron que la empresa era una mera tapadera. No tenía empleados, ni oficinas, ni embarcaciones, ni actividad real. Su función era servir de puerta de entrada para fondos procedentes de delitos cometidos en distintos países europeos y dotarlos de una apariencia de legalidad, es decir, blanquear.

A través de esa sociedad se canalizaba dinero procedente de fraudes cometidos en el extranjero. La investigación arrancó precisamente después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de Baleares recibiera información remitida por fiscalías alemanas sobre varias estafas relacionadas con operaciones de compraventa. Las víctimas creían estar comprando productos legítimos, desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada como una excavadora, pero el dinero acababa ingresado en cuentas vinculadas a la supuesta empresa mallorquina.

Miles de víctimas: quiénes, cómo, cuánto

Las víctimas eran principalmente alemanes y de otros países europeos que realizaban compras a través de internet o que eran engañados mediante falsas comunicaciones bancarias. En algunos casos, los delincuentes crearon hasta 26 páginas web que simulaban ser comercios electrónicos legítimos, logrando estafar a más de 3.500 personas en Alemania. En otros, se hacían pasar por departamentos de seguridad de entidades financieras para obtener acceso a la banca online de empresarios y particulares.

Una de las operaciones investigadas permitió a la organización hacerse con 100.000 euros pertenecientes a un ciudadano belga en una sola transferencia. Según la Policía Nacional, la red evitaba actuar contra víctimas españolas para reducir el riesgo de ser detectada en nuestro país. De este modo, mientras los fraudes se cometían fuera de España, el dinero terminaba circulando por empresas asentadas en territorio nacional bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

Las pesquisas permitieron descubrir que la falsa empresa náutica era solo el primer eslabón de una estructura mucho más amplia. Los investigadores han destapado una red formada por 16 sociedades y 54 personas implicadas, la mayoría de ellas vinculadas a la provincia de Barcelona. Allí se encontraba buena parte del entramado empresarial utilizado para mover los fondos y justificar patrimonios que no se correspondían con ninguna actividad económica real.

El dinero pasaba de una empresa a otra mediante transferencias simuladas, pagos ficticios por servicios inexistentes, ingresos en efectivo y operaciones realizadas a través de terminales de pago. Durante la investigación fueron localizados 11 TPV y más de un centenar de tarjetas bancarias de distintos países a nombre de miembros y colaboradores de la organización. Parte de los fondos acababa invertida en criptomonedas, mientras que otra se destinaba a financiar el elevado nivel de vida de los cabecillas.

Un «administrador» indigente

La caída de la organización se ha producido tras dos años de seguimiento financiero y patrimonial. Los agentes detectaron movimientos económicos incompatibles con la actividad declarada por las empresas, localizaron documentación presuntamente falsificada y comprobaron que varias de las sociedades carecían de actividad real. También descubrieron que el administrador de una de las empresas utilizadas por la trama era una persona que vivía (vive) en la indigencia.

La fase final de la operación se desarrolló en una villa de lujo de Sitges donde residía el supuesto líder de la organización junto a su pareja. Hasta allí se desplazaron investigadores de Palma, apoyados por agentes de la Jefatura Superior de Barcelona, efectivos de la UDEF, unidades caninas y especialistas tecnológicos. Durante los registros fueron intervenidos más de 100.000 euros en efectivo, alrededor de 200.000 euros en criptoactivos, más de tres bitcoins, media docena de lingotes de oro, 18 relojes de lujo, joyas, dos deportivos italianos, otros cuatro vehículos de alta gama y dos motos acuáticas.

Además, la Policía ya había bloqueado previamente más de cien cuentas bancarias con saldos superiores al medio millón de euros. El valor total de los bienes intervenidos aún está pendiente de tasación definitiva, aunque las primeras estimaciones sitúan la cifra cerca de los dos millones de euros.

La investigación ha contado con la colaboración de Europol y de las autoridades policiales de Bélgica, cooperación que ha permitido esclarecer parte de las estafas atribuidas a la organización y seguir el rastro internacional del dinero. Los agentes consideran que la empresa de alquiler de barcos asentada en Mallorca fue la pieza clave que permitió a la red introducir en España fondos procedentes de miles de víctimas repartidas por toda Europa