A la izquierda la antigua cárcel y a la derecha de la imagen el proyecto de viviendas proyectadas en este espacio en Palma
Palma convertirá su antigua cárcel en viviendas temporales para médicos, policías y profesores
El edificio, recientemente desalojado de okupas, se convertirá en un pionero macrocomplejo con piscina, gimnasio y 'coworking' para retener a trabajadores esenciales asfixiados por los precios del alquiler
El Ayuntamiento de Palma convertirá la antigua cárcel de la ciudad en un macrocomplejo residencial público de estancias temporales. El objetivo de este plan pionero es frenar la fuga de trabajadores esenciales —como médicos, policías o profesores—, incapaces de asumir los precios de la vivienda en Baleares, y garantizar así el funcionamiento de unos servicios públicos que hoy se encuentran en jaque.
«La cuestión de la vivienda incide directamente en la capacidad de las ciudades para atraer y retener talento, y garantizar la prestación de servicios esenciales», ha subrayado el alcalde, Jaime Martínez (PP), destacando que el proyecto ofrece «una solución habitacional adaptada a quienes contribuyen cada día al progreso de Palma».
La iniciativa municipal transformará este inmueble en desuso desde hace más de 25 años y recientemente desalojado por mandato judicial de sus antiguos moradores 'okupas' el pasado 11 de junio.
Esta infraestructura residencial de última generación contará con 139 viviendas temporales. El alcalde asegura que será un proyecto pionero en Palma y el primero de España de estas características de impulso municipal.
8.000 metros cuadrados
El futuro complejo contará con una superficie construida de 8.081 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y estará rodeado por más de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluirán patios ajardinados y un solárium en la cubierta.
La propuesta arquitectónica, que ya ha recibido la aprobación inicial de la Junta de Gobierno, opta por la eficiencia económica y patrimonial. No se derribará la estructura panóptica de la antigua prisión; únicamente se demolerán los muros perimetrales exteriores, las edificaciones anexas y las torres de vigilancia para abrir el espacio a los ciudadanos de Palma.
El proyecto ofrecerá una oferta residencial flexible gestionada por el consistorio, dividida según las necesidades de los profesionales. Habrá estancias cortas (50 unidades) pensadas para sustituciones o proyectos de pocos meses; otras 45 habitaciones de entre 16 y 22 metros cuadrados, equipadas con baño, zona de descanso y área de trabajo; cinco habitaciones dobles de entre 25 y 30 metros cuadrados; 89 habitaciones para estancias de larga duración diseñadas para profesionales con contratos más estables.
También se han proyectado 59 apartamentos sencillos, de entre 20 a 30 metros cuadrados con cocina completa y zona de estar; 26 apartamentos grandes de entre 30 a 35 metros cuadrados con espacios independizables, así como cuatro viviendas familiares de más de 40 metros cuadrados, dotadas de dos dormitorios independientes para trabajadores con niños a su cargo.
Para mitigar los costes y fomentar la convivencia comunitaria, los residentes dispondrán de una amplísima cartera de servicios comunes de primer nivel. El complejo incorporará gimnasio, piscina, cafetería-restaurante, lavandería centralizada, salas de reuniones y coworking, comedores y espacios de solárium.
Piscina, lavandería y gimnasio
Además, el diseño se ha proyectado bajo estrictos criterios de sostenibilidad y accesibilidad, utilizando energías renovables para reducir el efecto de isla de calor urbano y garantizar la plena movilidad en todas sus estancias mediante nuevos núcleos de ascensores.
Imagen del interior de la cárcel actualmente y cómo será en un futuro (derecha)
Tras el blindaje y tapiado del recinto hace un par de semanas para evitar nuevas okupaciones, el Ayuntamiento de Palma ya ha iniciado la contratación de la redacción del proyecto básico. Aunque el presupuesto final y las tasas de alquiler público están aún por determinar, el consistorio ha confirmado que, una vez se licite formalmente el proyecto, las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.
Cabe destacar que esta actuación se ciñe exclusivamente al recinto penitenciario. El destino de las antiguas viviendas de los funcionarios de prisiones colindantes correrá a cargo del Consell de Mallorca, que prevé su próximo desahucio para la ejecución de un nuevo vial público.
