Tres hombres, en la cola de servicios sociales para pedir el cerificado de vulnerabilidad
Proceso masivo
Baleares registra el triple de solicitudes previstas por el Gobierno en la regularización de inmigrantes
El Ministerio contabiliza 34.166 solicitudes de regularización en las islas, frente a las cerca de 10.800 personas que la Delegación del Gobierno calculó cuando anunció el proceso
La realidad ha acabado dando la razón, al menos en las cifras, al Govern balear. Los datos oficiales publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que un total de 34.166 personas han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes en Baleares, una cifra que triplica ampliamente la previsión de unas 11.000 personas que defendió la Delegación del Gobierno al anunciarse la medida a finales de enero.
El balance provisional del proceso, cerrado a 2 de julio, sitúa además a Baleares entre las comunidades con mayor volumen de solicitudes en relación con su población. El Ministerio también informa de que en las islas se han asignado 6.639 citas para tramitar los expedientes y que los gestores administrativos se han convertido en el segundo colectivo que más solicitudes ha presentado, con un 13,2 % del total.
Una medida «valiente» según el delegado de Gobierno
Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la regularización extraordinaria, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, aseguró que el proceso permitiría regularizar unas 10.800 personas en el archipiélago. Aquella cifra correspondía, según explicó entonces, a quienes ya tenían expedientes abiertos por arraigo y cumplían los requisitos, a los que se sumarían posteriormente quienes solicitaran protección internacional.
El propio delegado admitía entonces que habría que esperar al cierre del proceso para conocer su verdadero alcance. «Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas que ha habido», afirmó durante aquella comparecencia, en la que calificó la medida de «valiente» y defendió que beneficiaría tanto a los trabajadores como a las empresas y contribuiría a combatir la economía sumergida.
«No habrá efecto llamada»
También rechazó las advertencias del Govern sobre un posible efecto llamada. «No es un efecto llamada, es una respuesta a personas que ya están aquí. No llamas a nadie», sostuvo entonces, al tiempo que acusó a la presidenta balear, Marga Prohens, de mantener un discurso contradictorio sobre inmigración.
Sin embargo, mientras la Delegación del Gobierno mantenía esa estimación de unas 11.000 personas, el Ejecutivo autonómico sostenía que las cifras oficiales estaban muy lejos de reflejar la realidad. En vísperas de la apertura del proceso de solicitudes, el Govern elevó la previsión hasta al menos 30.000 potenciales beneficiarios, casi el triple de la cifra manejada por el Gobierno central. La estimación autonómica incluía además alrededor de 6.000 inmigrantes de nacionalidad marroquí, uno de los colectivos más numerosos afectados por la medida. Desde el Ejecutivo de Prohens se argumentó entonces que los cálculos se habían elaborado tras consultar a distintos consulados y teniendo en cuenta la dificultad para cuantificar una población que, precisamente por su situación administrativa, no figura en muchos registros oficiales.
La presidenta balear utilizó esas cifras para advertir de que la regularización tendría consecuencias sobre la capacidad de respuesta de las islas. A su juicio, el proceso incrementaría la presión sobre la sanidad, la educación, los servicios sociales y el acceso a la vivienda, al no venir acompañado de una financiación adicional por parte del Estado. «El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas», defendió entonces Prohens, quien sostuvo que la medida supondría «la estocada» para unos servicios públicos ya tensionados por el fuerte crecimiento demográfico de Baleares.
El balance publicado ahora por el Ministerio certifica que el volumen de solicitudes registradas en Baleares ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno de Sánchez, al igual que ocurre en el resto del país, donde se han registrado 1.174.978 solicitudes de regularización extraordinaria, de las que el 79,6 % corresponden a expedientes por arraigo extraordinario y el 20,4 % a solicitantes de protección internacional. Más de la mitad de los expedientes ya se encuentran en fase de tramitación.
