El nacionalismo balear exige a Sánchez el control de prisiones y juzgados a cambio de los Presupuestos

Més per Mallorca, formación integrada en el grupo de Sumar, ha desplegado una ofensiva institucional para exigir al Gobierno central de Pedro Sánchez y al Ejecutivo autonómico de Marga Prohens (PP) que negocien el traspaso inmediato de las competencias en materia de Justicia y de Instituciones Penitenciarias. Los ecosoberanistas ya han advertido de que ésta será la condición ineludible para sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz de Més en el Parlamento balear, Lluís Apesteguia, y el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, han presentado estas iniciativas, que tramitarán en forma de proposición no de ley (PNL) tanto en el Congreso como en el Parlament balear.

El objetivo de los nacionalistas es controlar todas las prisiones de Menorca, Mallorca e Ibiza para poner en marcha un sistema «encaminado a la reinserción de los presos». Y es que, según ha subrayado Apesteguia, en Més no creen en un sistema «punitivista» en el se busque «castigar» y «sacar de la sociedad» a ciertos ciudadanos porque es «lo más cómodo», sino que apuestan por una reinserción con «itinerarios diferenciados» para cada preso.

No creen en un sistema «punitivista»

Los nacionalistas ven todo ventajas en el traspaso de las competencias de Prisiones porque consideran que se haría una «mejor política penitenciaria» desde la proximidad y no sólo eso, sino que también se gestionaría de forma «más fácil». Para ello, aseguran que las dos comunidades con las competencias transferidas, Cataluña y el País Vasco, tienen unos índices de reinserción «más altos».

Eso sí, para eso hace falta personal y dinero, porque insisten en que el personal con el que cuentan los centros penitenciarios de Baleares es «insuficiente», así que para aprobar los presupuestos también exigen una «correcta contraprestación» de las nuevas competencias.

Apesteguia explica que Baleares cuenta con una ratio de 11,8 jueces por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de la media autonómica si se compara con comunidades como Galicia (13,4), Cantabria (13,5) o Castilla y León (13,7). A este factor estructural se suma la plurinsularidad, dado que la escasez de profesionales en Ibiza y Menorca obliga a prestar servicios de forma recurrente con trabajadores desplazados desde Mallorca, lo que tensiona la administración y dilata la resolución de expedientes.

Un entusiasmo distinto

No es la primera vez que los nacionalistas de Baleares reclaman la cesión de las competencias de Justicia y Prisiones, aunque con un entusiasmo muy distinto dependiendo de si están en el Govern balear o no, y siempre haciendo hincapié en una dotación económica creciente.

La reavivación de esta exigencia clásica del nacionalismo balear confirma el diagnóstico de una legislatura en bucle, con un Pedro Sánchez incapaz de estrenar unas cuentas públicas propias en lo que va de mandato y abocado a una prórroga crónica. Los socios minoritarios de la coalición huelen la vulnerabilidad de la Moncloa y encarecen su precio.

Pero la factura del soberanismo balear para sostener al Ejecutivo de Pedro Sánchez no se limitará a los tribunales y las cárceles. El documento de máximos incluye un paquete de exigencias presupuestarias que van desde la financiación de entidades ecologistas y de fomento de la lengua catalana, hasta el blindaje del Régimen Especial de Baleares (REB). Sin embargo, la mayor cesión de soberanía se dirimirá en la Mesa del Congreso, donde Més exige reactivar la proposición de ley para romper el modelo de gestión nacional de Aena e imponer una cogestión aeroportuaria que entregue a los partidos insulares el control de las principales puertas de entrada a las islas.