Una firma de abogados exige penas de tres años de cárcel por el manual del sabotaje turístico en Mallorca

La polémica en torno al «manual de acción» que anima al sabotaje contra los comercios turísticos de Mallorca salta de la calle a los juzgados. La firma jurídica internacional MD Law Group ha registrado una demanda penal en los juzgados de Palma contra las organizaciones Menys Turisme, Més Vida (Menos Turismo, Más Vida) y Arran Mallorca y por la difusión del polémico «manual de acción contra la turistificación», asimilando sus consignas a una estrategia criminal coordinada para reventar la reputación internacional de la isla, según ha informado el diario Última Hora.

De forma paralela, este bufete legal ha registrado en el Parlament balear una ley para sancionar con hasta 300.000 euros a los promotores del manual y propone penalizar como muy grave la creación, edición, difusión, promoción o financiación -física o digital- de guías, manuales o campañas que inciten explícitamente al sabotaje, hostigamiento, vandalismo o bloqueo de accesos contra establecimientos turísticos, viviendas vacacionales y oficinas inmobiliarias.

La querella de MD Law Group introduce un elemento novedoso que la propia firma califica de «ingeniería jurídica» en el que propone que las pintadas y actos vandálicos de carácter turismofóbico pasen a castigarse con penas de hasta tres años de prisión, según se detalla en el rotativo local, amparándose en el artículo 263.2 del Código Penal español, el cual agrava las penas de prisión cuando los daños materiales afecten gravemente a los intereses generales o arruinen a los perjudicados.

Atenta contra la imagen de destino segura

«La difusión sistemática de ‘manuales de sabotaje’ en plena temporada estival no busca el vandalismo esporádico sino un boicot coordinado contra la imagen internacional de Mallorca como destino seguro», sostiene el bufete.

Argumenta que al atacar la reputación del motor económico de las islas -el turismo-, el delito muta automáticamente a un escenario de daños agravados de especial gravedad. Además de los daños, la demanda atribuye a los colectivos señalados presuntos delitos de inducción a daños, coacciones, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal.

Una norma con multas de hasta 300.000 euros

Paralelamente, la norma presentada en el Parlament propone sanciones que irían de los 60.000 a los 300.000 euros. Para fijar la cuantía se medirá el grado de difusión en redes sociales, el daño reputacional y la época del año, aplicando el máximo en temporada alta.

El impulsor de la norma explica que si el colectivo no tiene personalidad jurídica, la multa irá directa al patrimonio de los promotores o administradores de las cuentas digitales.

Apunta igualmente a los portavoces o «altavoces mediáticos» que públicamente justifiquen, defiendan o promocionen en los medios o actos públicos estos manuales de acción directa, que responderán de forma solidaria con su propio patrimonio personal.

Por su parte, desde Arran Mallorca se han desmarcado de la autoría del documento y afirman que no han participado en el manual aunque «apoya la acción directa».

De forma paralela, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre el contenido de esta guía de sabotaje para determinar si los hechos son constitutivos de un delito de odio u otras tipicidades penales. Pese a la polémica suscitada y ante la proximidad de la manifestación convocada para el próximo 26 de junio, fuentes policiales confirman que, por el momento, el dispositivo de seguridad se mantendrá invariable, aplicando el despliegue ordinario y sin prever refuerzos adicionales.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha garantizado que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarán, dentro de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito.