Sánchez deja desprotegida la posidonia de Ibiza tras tres años de retrasos y perder los fondos europeos

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el retraso de tres años en la ejecución del campo de boyas ecológicas de la bahía de Talamanca, una infraestructura destinada a proteger las praderas de posidonia frente a los fondeos incontrolados que, finalmente, tendrá que asumir el Govern balear a través de Ports IB.

«Se han perdido tres años», ha lamentado Triguero, que ha calificado la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica de «auténtica vergüenza» y de «gran tomadura de pelo». Según ha denunciado, el Ejecutivo central conocía desde hace tiempo que no iba a ejecutar el proyecto, financiado inicialmente con fondos europeos Next Generation, pero no informó de ello hasta finales del pasado mes de abril, cuando comunicó al Govern que tendría que hacerse cargo tanto de esta actuación como de otros ocho campos de boyas previstos en Baleares.

El futuro campo de boyas contará con 90 puntos de fondeo ecológicos, tendrá un presupuesto de 1,67 millones de euros y será construido íntegramente por Ports IB, que también asumirá su explotación y mantenimiento con un coste estimado de 130.000 euros anuales.

El alcalde ha recordado que desde el verano de 2023 tanto él como los concejales de Medio Ambiente y Playas, Jordi Grivé y Rubén Sousa, reclamaron en numerosas ocasiones al Ministerio que acelerara una actuación que considera imprescindible para preservar unas praderas de posidonia declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hasta 200 fondeos ilegales al día

«La presión que hoy soporta Talamanca es responsabilidad del Gobierno de España», ha afirmado Triguero, quien ha reprochado al Ejecutivo haber desperdiciado tres años mientras el número de embarcaciones fondeadas ilegalmente no dejaba de crecer.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en la bahía se contabilizan cada día alrededor de 90 embarcaciones fondeadas de forma ilegal, una cifra que durante los fines de semana puede alcanzar las 200. En las últimas semanas, además, Govern y Ayuntamiento han realizado una veintena de inspecciones que se han saldado con siete actas por fondeos irregulares.

Triguero ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como el Govern cumplen con las competencias que tienen atribuidas, aunque ha recordado que carecen de capacidad para adoptar medidas más contundentes mientras el Estado no complete la tramitación necesaria para ejecutar el proyecto.

Precisamente, la puesta en marcha del campo de boyas depende ahora de que la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, conceda a Ports IB la autorización para ocupar el dominio público marítimo-terrestre donde se instalará la infraestructura.

Sánchez pierde fondos europeos

Por su parte, el director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear, Antoni Mercant, ha compartido la «frustración» expresada por el alcalde y ha lamentado que una actuación que «ya tendría que estar ejecutada» haya quedado paralizada por la gestión del Gobierno central.

Mercant ha criticado que el Ministerio haya terminado perdiendo los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados al proyecto y ha atribuido buena parte del retraso a las dudas planteadas desde Madrid sobre quién debía gestionar la instalación.

«Sabíamos que al final lo tendríamos que gestionar nosotros», ha señalado, recordando que Ports IB ya administra otros ocho campos de boyas ecológicas en Baleares y dispone de experiencia, plataforma de reservas y sistemas de gestión propios para este tipo de infraestructuras.

El responsable autonómico ha confiado en que el Ministerio agilice ahora la autorización pendiente para que las obras puedan comenzar cuanto antes y se ponga fin a una demora que, según Ayuntamiento y Govern, ha agravado la presión sobre uno de los espacios marinos más sensibles de Ibiza.