Centenares de personas recorren las calles de Palma para exigir una gestión "ética y real" de las colonias felinas.

Centenares de personas recorren las calles de Palma para exigir una gestión «ética y real» de las colonias felinas.EUROPA PRESS

Los gatos toman Palma: una multitud reclama una gestión «ética y real» de las colonias felinas

Los manifestantes denuncian que la ley de bienestar animal no se aplica de forma efectiva y exigen a las administraciones que asuman sus responsabilidades

Centenares de personas han salido a la calle este domingo en Palma para exigir el cumplimiento de la ley de bienestar animal en cuanto a las colonias felinas y reclamar una gestión «ética y real».

La marcha, celebrada bajo el lema Los gatos tienen ley, ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de España y ha recorrido las calles de Palma hasta llegar a la plaza de Cort, liderada por una batucada. La manifestación forma parte de una acción que se ha desarrollado simultáneamente en distintos puntos de España para reivindicar que «el cumplimiento de una ley no puede depender del código postal».

Los convocantes, un colectivo de personas gestoras de colonias felinas y entidades de protección animal, han reclamado a las administraciones que «asuman sus responsabilidades y garanticen una gestión real, ética y efectiva de las colonias felinas».

Según han denunciado públicamente, continúa existiendo «distancia» entre las obligaciones establecidas por la normativa y la realidad que viven diariamente las colonias felinas en numerosos municipios.

Los participantes han exhibido carteles en los que se podía leer Los gatos tienen ley, Si no salimos nada cambia o No explotéis a quien cuida, entre gritos de «Basta ya de maltrato animal».

Gestión de los gatos comunitarios

La ley de bienestar animal establece un marco de actuación para la gestión de los gatos comunitarios, incluyendo responsabilidades municipales relacionadas con su identificación, censado, esterilización, atención veterinaria, alimentación, refugio y bienestar.

El problema, a su entender, no es la ausencia de legislación, sino la falta de aplicación «efectiva y homogénea» de la normativa. En este sentido, han pedido a las administraciones que «dejen de trasladar» sobre el voluntariado una responsabilidad que «debe estar respaldada por políticas públicas estables, planificación, recursos económicos y mecanismos de seguimiento».

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