La lacra de la exclusión residencial en Ibiza: casi 500 personas viven sin hogar o en condiciones precarias

La proliferación de asentamientos de infraviviendas en Ibiza, uno de los destinos turísticos más exclusivos de España, refleja una realidad que se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de la isla y a la que un estudio de la Universidad de las Islas Baleares acaba de poner cifras. En colaboración con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la UIB ha identificado a 479 personas sin hogar o en situación de exclusión residencial en Ibiza, donde siete de cada 10 personas observadas directamente durante el trabajo de campo dormían en la calle, en tiendas de campaña o en chabolas.

La cifra sitúa a Ibiza como la segunda isla del archipiélago con mayor número de personas identificadas en estas circunstancias, por detrás de Mallorca, con 2.495, y por delante de Menorca, con 178. Pero la principal diferencia está en las condiciones en las que viven. Mientras que en Menorca predominan las personas que pernoctan en vehículos o edificios abandonados, en Ibiza son mayoritarios quienes sobreviven a la intemperie o en construcciones improvisadas. En el primer caso, suele tratarse de personas sin hogar que llevan años viviendo en la calle. En el segundo, muchos son trabajadores sin capacidad de pagar un alquiler y mucho menos de adquirir una vivienda.

Los datos forman parte del primer censo autonómico de sinhogarismo y exclusión residencial, cuyos resultados se presentaron este jueves. El recuento se realizó durante la noche del pasado 30 de septiembre, cuando 404 voluntarios, acompañados por profesionales, recorrieron calles, playas, solares, polígonos industriales y aparcamientos de once municipios de Baleares.

En total, el estudio contabilizó 3.152 personas en el conjunto del archipiélago: 1.095 en situación de sinhogarismo, 1.477 alojadas en vehículos, casetas, edificios o naves abandonadas y otras 580 acogidas en recursos asistenciales.

El problema de los asentamientos

Los resultados ponen cifras a una realidad especialmente visible en Ibiza, donde la aparición de asentamientos de caravanas, tiendas de campaña y chabolas se ha convertido en un problema recurrente para las administraciones. Durante los últimos años, distintos terrenos de la isla han terminado transformados en poblados improvisados, habitados tanto por personas sin recursos como por trabajadores que, pese a disponer de ingresos, no consiguen acceder a una vivienda en el mercado inmobiliario ibicenco. Los problemas generados por esta situación son graves y los desalojos no son precisamente sencillos.

Uno de los episodios más significativos se produjo el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento de Ibiza procedió al desalojo del asentamiento de Sa Joveria, situado junto al Recinto Ferial. En aquel espacio habían llegado a vivir durante el verano de 2025 más de 400 personas en construcciones precarias, caravanas y tiendas de campaña.

El operativo permitió retirar más de un centenar de casetas y chabolas. El Consistorio justificó la intervención por los problemas sanitarios, ambientales y de seguridad que presentaba el terreno, mientras que los servicios sociales ofrecieron alternativas de emergencia a las personas y familias que cumplían los requisitos de vulnerabilidad.

Lo cierto es que, para cuando se activó el operativo por orden judicial, buena parte de los residentes en este campamento ya lo habían abandonado. Muchos de ellos se trasladaron a otros puntos de la isla y de la ciudad. Por ejemplo, a ses Feixes des Pratet, un humedal considerado el pulmón verde de la capital de la isla y del que recientemente fueron desalojados cerca de un centenar de personas que vivían en tiendas de campaña y chabolas. En este caso, fue el propietario del terreno el que, tras ser avisado por el Consistorio, asumió el desalojo y la limpieza del mismo.

Muchas de estas personas se trasladaron entonces a otro espacio dentro del humedal y allí siguen. Según han relatado los propios ocupantes a medios locales, el propietario les habría permitido permanecer temporalmente en el terreno, ante la imposibilidad de asumir los costes de un nuevo desalojo y la limpieza posterior de la parcela. Mientras tanto, el Consistorio de Ibiza ha hecho un censo tanto de las personas como de infraviviendas detectadas en la zona y la Comisión de Seguimiento de Asentamientos, que se reúne semanalmente, trabaja para buscar una salida a este nuevo problema.

El desalojo más conflictivo, por otro lado, fue el de Can Rova, en el municipio de Santa Eulària. Allí llegaron a vivir también cerca de 400 personas en caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y chabolas. El operativo, ejecutado por orden judicial, contó con más de 50 agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y unidades antidisturbios desplazadas desde Mallorca. Se saldó con seis detenidos por resistencia a la autoridad.

Aunque numerosos residentes habían abandonado voluntariamente el terreno durante los días anteriores, medio centenar de adultos y 18 menores permanecieron en el asentamiento y fueron desalojados por la fuerza. Algunos afectados denunciaron haber recibido golpes durante la intervención policial. La actuación se produjo después de que la Audiencia Provincial diera la razón a los propietarios de la finca, que habían denunciado el uso abusivo de los terrenos, donde algunos residentes pagaban por instalar sus caravanas o levantar construcciones precarias.

Tras el desalojo, el Ayuntamiento de Santa Eulària tuvo que habilitar alojamientos de emergencia para cerca de 30 adultos y menores que regresaron a las inmediaciones del asentamiento sin tener dónde dormir. Cáritas, el Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y el polideportivo del colegio S'Olivera acogieron temporalmente a los afectados. La concejal de Bienestar Social, Antonia Picó, reconoció el carácter excepcional de la medida, mientras los servicios sociales trataban de encontrar alternativas para unas familias entre las que había personas con empleo que, pese a disponer de ingresos, no conseguían acceder a una vivienda asequible en Ibiza.

El trabajo no garantiza la vivienda

Uno de los aspectos más significativos del estudio de la UIB es que el sinhogarismo y la exclusión residencial no afectan exclusivamente a personas desempleadas. Las 346 entrevistas realizadas durante el recuento revelan que casi la mitad de los encuestados desarrolla alguna actividad remunerada. Entre quienes viven en vehículos, casetas o edificios, el porcentaje supera incluso el 55 %. El dato evidencia una de las grandes contradicciones del mercado inmobiliario balear: tener un empleo no garantiza disponer de ingresos suficientes para acceder a una vivienda.

Algo que afecta especialmente a Ibiza, una isla donde buena parte de quienes viven en asentamientos ilegales tiene trabajo. De hecho, en algunos de estos espacios han llegado a vivir en caravanas y vehículos algunos funcionarios de servicios estatales que no han podido encontrar residencia en la isla.

Siete de cada 10 entrevistados en el estudio de la UIB se quedaron sin hogar cuando ya residían en Baleares. Su tiempo medio de residencia en el archipiélago es de ocho años, lo que cuestiona la idea de que se trate exclusivamente de personas recién llegadas sin alojamiento. Las dificultades económicas constituyen el principal obstáculo para abandonar estas condiciones. El 95 % de quienes desean vivir en otro lugar señala la falta de recursos económicos como el impedimento fundamental. Y es que reunir las elevadas cantidades que se exigen para acceder a una vivienda, con alquileres que en muchas ocasiones superan los 2.000 euros mensuales, se ha convertido en una misión prácticamente imposible en unas islas donde la capacidad de ahorro es cada vez menor.

Podría ser peor

Los investigadores advierten, además, de que los resultados no representan la totalidad de las personas afectadas por la crisis habitacional. El censo recoge únicamente las situaciones detectadas durante una noche concreta y en los espacios incluidos en el recorrido. Para estimar el número de ocupantes de vehículos, tiendas y determinadas construcciones cerradas, los responsables aplicaron factores de ocupación calculados a partir de las entrevistas realizadas. Por tanto, las cifras combinan observaciones directas y estimaciones.

El estudio, finalmente, tampoco incluye a quienes viven hacinados en habitaciones o pisos compartidos ni a las familias que se encuentran en riesgo de desahucio. Y eso que cada vez es más habitual encontrar casos como el recientemente destapado en Manacor (Mallorca), donde una treintena de personas vivían hacinadas en una misma vivienda por la que pagaban entre 80 y 100 euros cada una al propietario. Noticias preocupantes que indican que la crisis de la vivienda está lejos de solucionarse en el archipiélago y que son demasiados los que ven el negocio en la precariedad y en la desesperación de quienes teniendo un contrato laboral o un trabajo remunerado no tienen donde vivir.