Torpeza política del PP: expedientes a 24 locales de Can Picafort por sus terrazas
El actual alcalde de Santa Margalida no ha sabido dar la cara por su gente en el momento que más le necesitaban y ha dejado al concejal de turismo solo ante el peligro
Los expedientes a 24 locales por presunta ocupación del paseo Marítimo de can Picafort llegan en muy mal momento para el PP y vienen a demostrar algo que a estas alturas es ya un secreto a voces: que en el Consell Insular mandan más los funcionarios que los políticos. Dejando aparte lo discutible de esta medida -las ocupaciones son de unos pocos metros, es decir, de contadas sillas y mesas en un paseo muy ancho, donde a los peatones les quedan más de cinco metros para caminar cómodamente en primera linea de mar- los expedientes, que pueden culminar en multas muy elevadas, son demostrativos de una torpeza política monumental. Ayer el tema era la comidilla en Can Picafort, donde los últimos hoteles y restaurantes abiertos empiezan a liar sus bártulos para hacer frente a una temporada invernal que este año puede resultar especialmente dura.
Parece ser que este asunto -que ya va teniendo cola, pues los expedientes se han llevado a cabo en dos tandas- tiene su origen una denuncia del GOB, entidad conformada por unos señores y señoras que viven del bonito «deporte» de mortificar a los demás mientras tienen una finca -sa Trapa- en un lamentable estado de abandono, susceptible de infracciones. Alguien ha tenido especial interés en buscarle las cosquillas a un grupo de pequeños y medianos empresarios, propietarios de bares y restaurantes, que se ven en la obligación de sacar el máximo partido a sus terrazas porque, digan lo que digan desde Londres, la temporada es corta y los gastos muy elevados. El Consell ha actuado en base a denuncias que no se han producido en otras localidades costeras, por ejemplo Cala Rajada o la Colonya de sant Pere, donde las mesas de los restaurantes están colocadas casi junto a la orilla del mar.
No es mi deseo ahondar en el intríngulis técnico de este asunto, pero sí en el político. Personalmente me apuesto un real de vellón a que la inmensa mayoría de los empresarios expedientados son, o han sido en algún momento, votantes del PP. Pues ahora, a 25 días de unas elecciones generales trascendentales y a pocos meses de las autonómicas y municipales son objeto de un expediente sancionador por unas infracciones menores -si es que son tales- procedentes de una entidad política comandada, al menos teóricamente, por la derecha. Creo que tanto el conseller de la cosa, Fernando Rubio, como su directora general, la señora Frau, tendrían que haber calibrado las consecuencias políticas de una iniciativa que no responde en absoluto al interés de la ciudadanía, pero que sí ha indignado -y mucho- a modestos empresarios que nunca se esperaban semejante trato de unos servidores públicos que se presentan constantemente como sus protectores y defensores. Había que escuchar ayer los comentarios de los afectados y de quienes ven que pueden serlo en fechas muy próximas: «Si los nuestros nos tratan así, ¿qué harían los otros?» Mención aparte merece la actitud del actual alcalde de Santa Margalida, al que se acusa de no haber sabido dar la cara por su gente en el momento que más le necesitaban y haber dejado a Eugenio Garrido, concejal de Turismo y también expedientado, solo ante el peligro.
Ese asunto tiene mucha tela que cortar pues en él se entremezclan intereses inconfesables y también historias que vienen de muchos años atrás y que un día me decidiré a contar. De momento, más allá de la letra de la ley y de la interpretación, flexible o rigurosa, de la normativa vigente, la pregunta que me hago es ¿cómo es posible que el PP se haya metido en semejante jardín?
