Una madre pierde el ingreso mínimo vital por no aclarar si su hija menor también vivía con su padre

Una mujer víctima de violencia de género y madre de tres niñas menores se ha quedado sin el ingreso mínimo vital por no aclarar si su hija pequeña también formaba parte de la unidad familiar de su padre.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado la decisión de la Seguridad Social (INSS) al considerar que la mujer no aportó la documentación necesaria para aclarar con quién vivía realmente la menor.

La sentencia, dictada el 21 de octubre por la Sala de lo Social y a la que ha tenido acceso El Debate, rechaza la prestación al detectar que los datos familiares declarados por la mujer no coincidían con los que figuraban en el padrón.

La mujer solicitó el ingreso mínimo vital para ella y sus dos hijas mayores en abril de 2023. Sin embargo, en ese momento ya había nacido su tercera hija, aunque no la incluyó en la solicitud porque todavía no estaba inscrita en el Registro Civil.

La duda sobre la tercera hija, clave para el tribunal

La Seguridad Social detectó discrepancias en la composición de la unidad familiar y pidió a la solicitante que justificara su situación. La mujer presentó posteriormente el certificado de nacimiento de la pequeña y un documento de empadronamiento en el que aparecía junto a sus tres hijas.

Pero esa documentación no resolvía la principal duda del INSS, que era si la niña vivía únicamente con su madre o si también formaba parte de la unidad de convivencia de su padre.

Por ese motivo, el 10 de octubre de 2024, el INSS le pidió una sentencia judicial o un convenio regulador que acreditara la situación familiar de la menor. La mujer no aportó ninguno de esos documentos ni presentó otra prueba que lo aclarase.

La Administración volvió a denegar la ayuda en abril de 2025. La mujer acudió entonces a los tribunales pero el Juzgado de lo Social número 6 de Palma también rechazó su demanda.

El tribunal considera que la Administración actuó correctamente al pedir explicaciones y documentación adicional. La Ley del Ingreso Mínimo Vital permite al INSS comprobar quiénes forman parte de una unidad familiar antes de reconocer la prestación.

Y en este caso, entiende que la mujer tuvo la oportunidad de aclararlo pero no lo hizo. «No se cumplimenta tal requerimiento, ni tampoco alega ni acredita de otra manera cuál es la situación y que debe formar parte de la unidad de convivencia con la demandante», recoge la resolución.

La solicitante alegó que era víctima de violencia de género y que la denegación de la prestación perjudicaba a sus hijas menores. En el procedimiento constaba una sentencia de 2019 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Palma que había regulado la guarda y custodia de sus dos primeras hijas, así como las obligaciones de manutención del padre. También figuraba un procedimiento judicial por el impago de las pensiones de alimentos y de gastos extraordinarios.

La condición de víctima de violencia de género no cambia el criterio

La recurrente defendió que la Seguridad Social había aplicado un exceso de formalismo y que debía tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y la protección de las menores.

Sin embargo, los magistrados distinguen entre la condición de víctima de violencia de género y la obligación de acreditar quiénes integran la unidad familiar a efectos de cobrar el ingreso mínimo vital.

Tampoco acepta el tribunal que se haya vulnerado el interés superior de las menores. Considera que ese principio no puede sustituir la obligación de demostrar que se cumplen los requisitos legales para recibir la ayuda.

La Sala concluye que el problema no fue la condición personal de la solicitante sino que no aclaró la situación de convivencia de su tercera hija, pese a los requerimientos de la Administración.

La mujer seguirá sin percibir el ingreso mínimo vital en esta solicitud. El fallo no impone costas y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.