La ciudad española que estrena una oficina antiokupas para ayudar a propietarios desde el minuto uno

El Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá en marcha una oficina de asesoramiento para propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas. Una medida que el equipo de Gobierno considera pionera en Castilla-La Mancha y que nace con un objetivo claro: que los dueños no se sientan solos cuando se enfrentan a una situación tan complicada como ver su vivienda ocupada.

La iniciativa saldrá adelante en colaboración con el Colegio de Abogados, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la firma de un convenio para habilitar este nuevo servicio, que contará con un coste de 5.000 euros.

La oficina ofrecerá información, asesoramiento y acompañamiento legal a particulares y propietarios afectados por ocupaciones ilegales dentro del término municipal. La intención es que puedan actuar «con la mayor rapidez posible» desde los primeros momentos y sepan qué pasos dar, qué documentación necesitan y qué vías legales tienen a su alcance.

La viceportavoz del Ayuntamiento, Aurora Galisteo, ha defendido que este recurso permitirá reforzar el apoyo institucional a quienes sufren «una situación compleja e injusta como que te ocupen la vivienda». Según ha explicado, la oficina dará a los vecinos «información clara, acompañamiento legal y herramientas» para afrontar estos casos.

«Con este acuerdo garantizamos que todos los vecinos cuenten con un recurso accesible que sea capaz de orientarlos desde los primeros momentos», ha señalado Galisteo tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.

Preocupación en La Granja

Aunque el Ayuntamiento no dispone de datos concretos sobre ocupaciones en la ciudad, Galisteo sí ha reconocido la preocupación existente en el barrio de La Granja. Allí, según ha indicado, hay viviendas propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que vuelven a ser ocupadas poco después de quedar libres.

En este sentido, la viceportavoz ha explicado que el Consistorio mantiene conversaciones con el Gobierno regional para estudiar posibles soluciones, protocolos y medidas, dentro de un marco de «colaboración total».

Galisteo ha subrayado que el objetivo es que las viviendas públicas que estén libres puedan arreglarse cuanto antes, ya que algunas se encuentran «en un estado deplorable», y adjudicarse lo más rápido posible a las personas que están en la lista de solicitantes de vivienda en la capital. Una lista que, según ha cifrado, ronda las 5.000 personas.

La viceportavoz también ha apuntado que alrededor del 80% del parque de vivienda del barrio de La Granja es propiedad de la Junta.