El ya obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, se ha despedido de sus fieles en un comunicado

El ya obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, se ha despedido de sus fieles en un comunicadoEFE

La Fiscalía de Salamanca archiva la denuncia del Gobierno contra Reig Pla por sus palabras sobre la discapacidad

Considera que aunque fueron «desafortunadas» e «imprudentes», con capacidad para herir sensibilidades y provocar rechazo social, no hubo ánimo discriminatorio ni intención de humillar, sino una reflexión en el marco de un acto litúrgico

La Fiscalía de Salamanca ha archivado las diligencias abiertas contra Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, que fue denunciado ante la Fiscalía por el Gobierno de Pedro Sánchez por unas palabras en las que el Ejecutiva entendía que vinculaba la discapacidad con el pescado, durante una misa en la localidad charra de Alba de Tormes, el pasado mayo.

El día 20 de ese mes, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, elevó ante la Fiscalía General del Estado las palabras de Reig Pla con el fin de que el Ministerio Público abriese «las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia que asocia a la discapacidad con postulados propios del medievo y no como un factor de diversidad humana, presente y comprobado en cualquier sociedad», como apuntó el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar) en un comunicado.

Según la Dirección General, las palabras del obispo emérito podrían ser constitutivas de un delito regulado en el artículo 510.2 del Código Penal. Pero nada de eso ha sido así, a juicio de la Fiscalía, que, en el decreto del archivo, avanzado por La Gaceta de Salamanca, apunta a que si bien las palabras de Reig Pla fueron «desafortunadas» e «imprudentes», con capacidad para herir sensibilidades y provocar rechazo social, no hubo ánimo discriminatorio ni intención de humillar, sino una reflexión en el marco de un acto litúrgico.

De acuerdo con esta información, el fiscal recuerda, asimismo, que para que exista delito de odio es necesario un móvil discriminatorio claro y que las expresiones produzcan humillación o menosprecio por razón de discapacidad, algo que en este caso no se cumple. El decreto del archivo agrega que Reig Pla ya difundió un comunicado oficial en el que lamentaba si alguien se había sentido ofendido y aclaraba que su intención había sido expresar «el amor de Dios por todos, en especial por quienes sufren alguna discapacidad».

El obispo emérito de Alcalá, Juan Antonio Reig Plà, en el Cerro de los Ángeles (Madrid)

El obispo emérito de Alcalá, Juan Antonio Reig Plà, en el Cerro de los Ángeles (Madrid)Europa Press

Una matización que, junto con el contexto religioso de la homilía, abocan al fiscal al archivo, al considerar la inexistencia de responsabilidad penal. Eso sí, en el escrito, el representante del Ministerio Público precisa en alusión al discurso del religioso que «las palabras erosionan la sensibilidad de la sociedad y resultan reprochables desde una perspectiva ético-moral» y recuerda que el denunciante, el Gobierno de Sánchez, puede reiterar la acusación en un juzgado de instrucción.

Como publicó este diario, el párrafo puesto en tela de juicio fue el siguiente: «Tú y yo venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través del amor de nuestros padres. Y esto asegura tu origen. No eres un fracaso ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica. Pero esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Pero han sido llamados por Dios y tienen también, como nosotros, todo el fundamento de nuestra existencia en Dios, que es origen, fundamento y es meta (...) ¿Para quien vas a tomar la comunión? ¿Para ir al cielo? Porque nuestra vida es el cielo. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Y el peregrinar por este mundo es tiempo de prueba siguiendo a Jesucristo, camino, verdad y vida rumbo al cielo».

Unas palabras «anacrónicas», según el Ejecutivo, que, descontextualizadas, trajeron cola y que, más allá de estar de acuerdo o no con ellas, la Fiscalía no ve, en todo caso, que sean delictivas.

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