El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, durante las Jornadas del PSOE celebradas este fin de semana en León
El candidato socialista a la Junta de Castilla y León, señalado por una década de bloqueo laboral en su Ayuntamiento
El sindicato CSIF denuncia al Consistorio por mantener un convenio colectivo caducado desde 2015, lo que consideran que no solo es «una mala gestión, sino también un desprecio a la plantilla»
El conflicto laboral que el Ayuntamiento de Soria arrastra desde hace una década ha llegado a su punto álgido justo cuando su alcalde, Carlos Martínez, ha entrado de lleno en la carrera por presidir la Junta de Castilla y León.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado al Ayuntamiento soriano por mantener un convenio colectivo caducado desde 2015, lo que consideran que no solo es «una mala gestión, sino también un desprecio a la plantilla». Esta denuncia oscurece la imagen de gestor eficaz y dialogante de Martínez, precisamente la que el PSOE quiere proyectar sobre el veterano dirigente. De hecho, este fin de semana, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropó a Martínez (también secretario general del PSOE de Castilla y León) en un acto en León y le presentó como referente del socialismo de la Comunidad.
El origen del problema se remonta a hace diez años, cuando venció el último convenio que regulaba las condiciones laborales del personal municipal. Desde entonces, los trabajadores del Ayuntamiento han funcionado bajo prórrogas tácitas y acuerdos puntuales, sin que se haya firmado un nuevo texto.
A lo largo de este tiempo, los principales sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) han reclamado la apertura de una mesa de negociación efectiva, sin éxito. La situación se ha agravado en los últimos meses, al aprobarse una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin consenso sindical y con quejas por parte de varios departamentos municipales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurando unas jornadas del PSOE, junto al secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
En su comunicado oficial, CSIF asegura que la situación «se encuentra estancada desde 2015, con un convenio colectivo caducado y sin avances reales en la negociación». La central sindical añade que «el equipo de gobierno ha aprobado una RPT sin atender las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales» y considera que se están «vulnerando los principios de negociación colectiva».
Según CSIF, el Consistorio que dirige Martínez quiere «confundir a los trabajadores y trabajadoras municipales y a los vecinos», intentando proyectar una imagen de que los sindicatos actúan en su contra. «Esa falsedad y esa estrategia no van a salir bien», advierten. Además, consideran que la actitud del equipo de Martínez es «despreciable e indigna, nada ejemplarizante».
Asimismo, el sindicato sostiene que «un ayuntamiento de referencia como el de Soria no puede dar ejemplo de inmovilismo, cuando el resto de administraciones locales sí han actualizado sus convenios y condiciones».
Diferencias salariales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios también denuncia que el 4 de septiembre de 2023 se aprobó una subida salarial para el alcalde, concejales y personal eventual de cerca de un 10%, y que, dos años después sigue sin firmarse un acuerdo equivalente para el resto de la plantilla municipal. «No hemos visto todavía ningún acuerdo firmado con los representantes sindicales sobre una subida equitativa de las retribuciones para todos los trabajadores», recuerdan.
CSFI también pone sobre la meses otros asuntos encallados, como los calendarios laborales sin negociar ni aplicar, la carrera profesional, el fonde de acción sociosanitario, la elaboración del plan de igualdad, la cobertura de bajas o las jubilaciones.
Por último, el sindicato echa en cara al Consistorio que esté «reduciendo el personal que necesita la ciudad» y que, en su lugar, está haciendo «semiprivatizaciones de ciertos servicios».
En estos últimos meses de conflicto, las respuestas del Ayuntamiento de Soria a las reclamaciones de los sindicatos han sido genéricas. En comunicados previos, el equipo de gobierno explicó que «la voluntad de diálogo con los trabajadores es permanente» y que las reuniones «se celebran periódicamente», aunque los sindicatos aseguran que los encuentros no se traducen en avances reales.
